España incumple tanto la Directiva de Renovables, en sus artículos 13 y 16, como la Directiva de Eficiencia Energética, en sus artículos 15, 18 y 19.
¿Por qué motivos Portugal, por ejemplo, que comparte nuestro sistema eléctrico, regula de manera favorable el autoconsumo sin peajes ni impedimentos para el almacenamiento de energía con el verdadero objetivo de fomentarlo y, en cambio, España se inventa todas las trabas posibles para impedirlo?
¿Por qué se oponen tanto al autoconsumo y a las renovables?
Es que el historial energético de este Gobierno no tiene ningún desperdicio. Ya se opusieron en 2012 a la Directiva europea de Eficiencia Energética; en 2013 renunciaron a mantener su puesto entre los veintiún países del Consejo que gestiona la Agencia Internacional de Renovables.
Son un escándalo los informes encargados a Boston Consulting y Roland Berger para evaluar los costes de las renovables.
Ahora ya sabemos por qué se negaban a aportar estos informes.
Resulta que aprobaron unos recortes de 3.000 millones al sector de las renovables sin contar con los informes preceptivos en los que se suponía se debía basar y que nos dijeron que eran en los que se habían basado.
Es un engaño del ministerio, una actitud prepotente que raya en la prevaricación.
En este sentido, constatamos que no hay modelo energético español y sí un claro sometimiento del ministro Soria y su departamento a los intereses del oligopolio eléctrico.
Aparte de la inseguridad jurídica que ha generado su reforma eléctrica y que ha propiciado innumerables demandas en organismos internacionales, tenemos el precio más caro de la electricidad antes de impuestos de la Unión Europea; después de impuestos, el cuarto. En 2014 subió el 4,1 %, frente al 2,9 de la Unión Europea; en menos de un año han duplicado prácticamente el término fijo de la factura de luz de los consumidores domésticos.
Es muy urgente una ley que regule la autoproducción de energía para hacerla viable, como medida fundamental para transitar hacia el modelo energético que necesitamos.
Se ha de permitir en España el balance neto, entendido como el sistema de compensación de saldos de energía de manera instantánea o diferida que permita a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda.
El consumidor ha de poder ceder los excedentes de energía a la red eléctrica, lo que le generará unos derechos de consumo diferido con una vigencia de varios meses desde la fecha de generación del derecho.
La compañía eléctrica ha de descontar en el consumo de la red de la factura los excesos vertidos a la misma, y la tarifa que pagará el consumidor por la energía que necesite fuera de los derechos de consumo diferido será la misma que si no contara con el autoconsumo de energía en balance neto. ¡Esto Sí es política energética a favor del consumidor!. Sr. Soria, permítame que le reconozca que los intereses de UNESA chocan frontalmente con los intereses del pueblo español…pero sepa que en una democracia a quién tiene que proteger y defender es al interés del ciudadano que reside en España. Quizás un día lo entenderá…
A colación de lo anterior, lo deseable es que se puedan recoger consumidores con diferentes potencias instaladas, desde domésticos hasta centros públicos o pequeñas empresas, sin límite de potencia instalada o contratada.
En cuanto a los costes, cargos y servicios del sistema en el consumo instantáneo de energía, no se debería computar ningún tipo de peaje o régimen económico asociado a la cobertura de costes, cargos y servicios del sistema para la energía autoconsumida de manera instantánea.
En el caso de que el consumo de energía sea diferido, se deberían establecer unos peajes, cargos y costes reducidos que tengan en cuenta las aportaciones positivas de la autogeneración. Estos peajes, cargos y costes vinculados a la energía intercambiada en ningún caso podrán ser mayores que los aplicados en términos análogos a los demás sujetos consumidores.
En el país del sol, el Gobierno debería demostrar que está al lado de los ciudadanos favoreciendo la producción de energía de forma centralizada, sostenible y barata, y permitiendo que haya un debate claro, abierto, transparente y democrático sobre las bondades para el consumidor del autoconsumo.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
A pesar del aumento de la ambición, los PNEC no logran conectar efectivamente los puntos con lo que ahora importa para hacer realidad la transición energética: despliegue de la red, modernización y flexibilidad.
