El Gobierno esta desarrollando un Proyecto de Ley de Economía Sostenible que abordará cuestiones como la energía, las energías renovables, la movilidad sostenible o la gestión de los residuos.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la Vicepresidenta segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que debe situar a la economía española:
- sobre los cimientos del conocimiento y la innovación,
- con herramientas respetuosas con el medio ambiente, y
- en un entorno que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Esta norma debe ser la guía que conduzca a la economía española hacia un futuro de mayor productividad, seguridad y calidad en el empleo, siempre protegiendo la calidad en el medio ambiente.
El Anteproyecto de Ley incluirá medidas destinadas a consolidar precisamente es nuevo y necesario modelo, que responde a una estrategia basada:
- en el conocimiento y en la innovación,
- en la sostenibilidad social y en la sostenibilidad medioambiental,
- en la sostenibilidad de los recursos,
que va a abordar cuestiones como:
- la energía,
- las energías renovables,
- la movilidad sostenible, o
- la gestión de los residuos.
También abordará temas que afectan a la Ayuda al Desarrollo y cuestiones que tienen que ver con el empleo en términos cuantitativos y cualitativos, sobre todo en lo relacionado con la Formación Profesional.
El texto prestará especial atención a la competividad y a la productividad, incrementando el impulso la internacionalización de las empresas, sobre todo de las Pymes.
Habrá también un capítulo de deducciones fiscales y la creación de un Fondo para la Economía Sostenible, que consistirá en préstamos para actividades que puedan generar retorno.
Nos preocupa la actual agenda de transición energética que, lejos de responder a las actuales urgencias, profundiza en los mismos mecanismos que nos han llevado a esta crisis ecológica y social. El manifiesto está disponible en la web para firmar.
La nueva directiva, aprobada el 12 de marzo afecta a todos los Estados Miembros de la UE, que están obligados a incorporar sus disposiciones en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales en un plazo máximo de 24 meses.