La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha defendido que la Agenda Urbana Española (AUE), la iniciativa Cities 2030 y los fondos europeos son oportunidades para conseguir la transformación de los municipios y acelerar la transición.
Raquel Sánchez ha apostado por el diálogo abierto y la cogobernanza en la lucha contra la emergencia climática y para abordar una transformación justa y equitativa hacia unas ciudades más sostenibles, amables, saludables y verdes.
La responsable de Mitma ha presidido hoy la mesa sobre la experiencia de ciudades de menos de 50.000 habitantes celebrada en el marco de la jornada ''Ciudades españolas ante el reto de la neutralidad climática. Presentación de CITIES 2030'. El objetivo del evento, que ha tenido lugar en el Senado, ha sido reconocer y apoyar el esfuerzo de los municipios para avanzar hacia la sostenibilidad urbana y la neutralidad climática.
Durante el acto, se ha firmado de una declaración institucional entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los municipios de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, mediante la que se expresa el compromiso de estas ciudades con este proceso de transformación y la iniciativa 'Cities 2030'.
En la mesa redonda, la ministra, acompañada de los alcaldes de Soria y de Arnedo y las alcaldesas de Teruel y de Níjar, ha recordado que más del 80% de la población española vive en áreas urbanas, un porcentaje que sigue creciendo, y, además, las urbes son las responsables de entre un 60% y un 80% de las emisiones de carbono.
La responsable de Mitma ha incidido en la necesidad de contar con los municipios para entender los problemas actuales y darles una solución eficaz, así como para abordar el futuro. En este sentido, ha puesto en valor la experiencia urbana y local.
Durante su intervención, Raquel Sánchez ha destacado la aprobación por parte de Mitma en 2019 de la Agenda Urbana Española, que consiste en una hoja de ruta con una visión integral que trata de dirigir las políticas municipales hacia la sostenibilidad social, económica y medioambiental para hacer de las ciudades unos espacios más amables, más confortables y más humanos.
Desde su aprobación, se han firmado más de 25 protocolos de actuación con municipios de diferentes tamaños, cuatro de ellos con ciudades de menos de 50.000 habitantes, que sirven como ejemplo y guía para otros muchos pueblos y ciudades con similares características.
En este sentido, la ministra ha reivindicado el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas permiten crear sinergias y acelerar esa transformación de los municipios. Además de la Agenda Urbana Española, la ministra ha destacado la iniciativa Cities 2030 que aúna esfuerzos para acelerar la transición energética y ecológica.
En esta misma línea, Sánchez también ha hecho hincapié en la oportunidad económica que suponen los fondos europeos. En este contexto, ha recordado la reciente convocatoria de 1.000 millones de euros para que los ayuntamientos impulsen zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte urbano; y ha mencionado las ayudas que se van a convocar para la rehabilitación de edificios públicos de las entidades locales.
Además, la ministra ha afirmado que ya se ha comenzado a distribuir entre las comunidades autónomas parte de los 4.000 millones de euros destinados a la regeneración urbana y la vivienda de muchos municipios españoles, al tiempo que se ha referido a otras inversiones que ejecutará el Ministerio, en relación a actuaciones ferroviarias y travesías urbanas en diferentes ciudades españolas
Con todo, ha recordado que Mitma es el Ministerio de las Ciudades, y ha reiterado su compromiso de abordar la transformación de los municipios manteniendo un diálogo abierto y desde la cogobernanza.
En colaboración con la Federación de AA.VV. y las empresas del sector fotovoltaico, han aprobado un protocolo, denominado «Compromiso de Sostenibilidad Social y Medioambiental de las plantas fotovoltaicas a construir en el municipio de Cartagena».
Las organizaciones sociales señalan que la campaña se hacía eco de una movilización estatal en la que se pedía justicia climática y social. Denuncian que la sanción, además de ser desproporcionada, vulnera el derecho a la libertad de expresión.
En muchos municipios con bonificaciones, las condiciones administrativas son tan restrictivas que impiden acceder a ellas de manera sencilla.
