Dotar de inteligencia al sistema eléctrico es clave para integrar energía renovable distribuida, sistemas de almacenamiento y herramientas de flexibilidad, como la agregación y la gestión de la demanda.
El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), un Real Decreto para digitalizar las redes de distribución de electricidad e impulsar la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en la vía pública. Está dotado con 525 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que recibirán las empresas distribuidoras de una forma proporcional a su representatividad hasta 2023. Los potenciales beneficiarios tendrán que implantar herramientas digitales de mejora de atención al consumidor, incluyendo sedes electrónicas para gestionar expedientes relativos al acceso y la conexión de instalaciones de autoconsumo y de puntos de recarga.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé que las energías renovables cubran un 74% de la demanda eléctrica en 2030. Para conseguirlo, el sistema eléctrico debe transformarse, desde su actual diseño centralizado y unidireccional, hasta otro distribuido, multidireccional, inteligente y flexible, gracias a la digitalización de las redes, los sistemas de almacenamiento y la agregación y la gestión de la demanda.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno facilita el alcance de estos objetivos, además de contribuir a la recuperación económica, gracias a la capacidad de arrastre de la distribución de electricidad sobre el resto de la economía, que mantiene decenas de miles de empleos y sustenta una cadena industrial relevante, con un peso muy importante de las empresas españolas.
La digitalización de las redes de distribución está incluida en el Proyecto Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (PERTE ERHA), disponible aquí, que canalizará más de 16.300 millones en los próximos años para adaptar el sistema energético y reforzar la posición del liderazgo español en el campo de las energías limpias.
La digitalización de las redes de distribución es una de las medidas facilitadoras del PERTE ERHA y se corresponde con el Componente 8 del PRTR, dedicado a infraestructuras eléctrica, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento.
El Real Decreto aprobado hoy permitirá otorgar hasta 525 millones en subvenciones directas entre 2021 y 2023 a las empresas distribuidoras, que operan en régimen regulado en las zonas en que están implantadas. Las cuantías anuales máximas ascenderán a 227 millones con cargo al Presupuesto General del Estado de 2021, otros 148 millones con cargo a 2022 y 150 millones en 2023.
El PRTR financiará hasta el 50% de los activos relacionados con la digitalización de la red y con las infraestructuras necesarias para alimentar puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos –con una potencia superior a 250 kW– situados en la vía pública. Cada compañía recibirá una ayuda proporcional al porcentaje de retribución regulada que recibe sobre el coste total de la actividad de distribución de electricidad.
El Real Decreto autoriza que las distribuidoras incrementen su límite de inversión anual con cargo al sistema eléctrico en una cuantía equivalente a la inversión acometida gracias al apoyo del PRTR durante el año siguiente a la puesta en servicio de los activos resultantes de las inversiones.
Para acceder a las subvenciones, las empresas deberán presentar planes estratégicos con las estimaciones de sus inversiones sobre el empleo, la cadena de valor industrial y la contribución a la penetración de nueva generación renovable, que serán publicados en la página web del MITECO.
También tendrán que implantar programas digitales de mejora de la calidad de la atención al consumidor. Entre ellos, deberán habilitar una sede electrónica que permita la gestión de los expedientes, incluyendo los relativos a los permisos de acceso y conexión para instalaciones de autoconsumo y la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
El proyecto ayudará a desarrollar la cadena de vehículos eléctricos y jugará un importante papel en la recuperación verde y digital de la economía española.
Introduce mayor competencia al impedir las cláusulas de exclusividad entre los operadores mayoristas y sus abanderados o franquiciados a la hora de prestar servicios de recarga eléctrica.
El consejo de ministros aprueba dotación de 2.083 millones de euros para la construcción de 384 vehículos de guerra a la vez que dota con migajas los programas de soporte al que titula «despliegue masivo de renovables».
