El presupuesto del MOVES III alcanzará los 1.200 millones, tras una ampliación de 400 millones. El fomento del autoconsumo recibirá 500 millones adicionales, según lo previsto en el Plan +SE.
Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado a las comunidades autónomas, durante una reunión telemática de la Conferencia Sectorial de Energía, una ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible y el autoconsumo, más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas, y el mantenimiento de los hitos fijados por la normativa para tramitar proyectos de energías renovables.
La vicepresidenta ha presentado el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.
En este sentido, a petición de las comunidades autónomas, se ha planteado incrementar hasta el 5% los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el programa de Movilidad eléctrica y sostenible (MOVES III), ahora situado en el 2,5%, y el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones.
La vicepresidenta Ribera ha anunciado la próxima ampliación del Programa MOVES III. Destinado a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga y dotado con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales, a la vista de su éxito: se han recibido más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han solicitado su ampliación.
Las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan +SE.
Finalmente, en la Conferencia se ha confirmado que se mantienen los hitos marcados por la normativa para tramitar los proyectos de energías renovables, con los objetivos de evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.
Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.
Compensará parcialmente el aumento de los precios de la electricidad resultante de los costes de las emisiones indirectas en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE («RCDE»).
Normativa con prohibiciones al despilfarro y líneas para apoyo con ayudas a ciudadan@s y empresas completan el aperitivo de iniciativas a desplegar para enfrentar la situación derivada de la guerra y del cambio climático en ciernes.
Como punto de encuentro se abre espacio divulgativo vivo para recopilar novedades, legislación, modelos de documentos, ayudas y herramientas útiles que impulsen el comunitarismo libre-energético.
El sector público aportará más de 4.300 M€ y la inversión privada se estima en 19.700 M€. La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo.
