El cambio de modelo energético pasará por las pequeñas instalaciones de autoconsumo, más distribuidas, y las grandes plantas, necesarias para asegurar costes competitivos gracias a las economías de escala.
Durante la próxima década, nuestro país enfrenta el mayor cambio en su modelo energético del último siglo. En apenas 10 años, el sector eléctrico pasará de contar con un 44% de electricidad renovable (2020) a un 74% (objetivo 2030). Las altas tasas de implantación renovable, que obligarán a instalar del orden de 5.400 MW renovables anualmente, han provocado la preocupación de distintos colectivos.
A pesar de esta preocupación, el cambio de modelo energético pasará por las pequeñas instalaciones de autoconsumo, más distribuidas, y las grandes plantas, necesarias para asegurar costes competitivos gracias a las economías de escala. El respeto a la biodiversidad y la minimización del impacto ambiental es una máxima para las instalaciones y las Administraciones Públicas son las garantes de este compromiso.
El año 2019 fue un año récord en la instalación de potencia renovable: cerca de 7 GW de nuevas energías limpias se conectaron a la red. Durante la próxima década el ritmo no será tan acusado, pero será necesaria la incorporación de más de 5 GW anuales para alcanzar las metas fijadas para 2030. Esto obliga a elaborar una hoja de ruta que incorpore de forma equilibrada las distintas tecnologías. Adicionalmente, será la combinación de grandes plantas, necesarias para incorporar un número relevante de megavatios a precios competitivos; con pequeñas instalaciones distribuidas, que acercarán la producción a la demanda; lo que nos permitirá alcanzar las metas marcadas.
Según las últimas previsiones, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) tendrán este año una subida histórica a nivel mundial debido a un mayor uso del carbón derivado de los altos precios del gas natural. Esto nos aleja de los objetivos marcados de descarbonización para luchar contra el cambio climático. Adicionalmente, según el informe “Avance de las emisiones de GEI”, de 2019, el sector eléctrico había logrado una reducción de emisiones del 35% (respecto a los niveles de 1990) gracias a la incorporación masiva de energías renovables, a diferencia de otros sectores como el transporte (que incrementó sus emisiones un 53%) o el residencial (incremento del 56%). Las energías renovables son la única vía para alcanzar los objetivos de descarbonización y reducir nuestra dependencia de las importaciones energéticas.
A pesar de las críticas, muchas de ellas infundadas, de diversos colectivos, la Unión Europea y, en concreto, España tiene unos altos estándares de protección medioambiental y de sostenibilidad. La Ley 21/2013 de evaluación ambiental y la Directiva europea 2011/92/CE garantizan el compromiso medioambiental de los proyectos que deben realizar numerosos estudios (impacto ambiental, inventario de especies animales y vegetales, flora protegida, montes públicos, integración paisajística, estudios arqueológicos…) para minimizar su impacto en el entorno.
La distancia a núcleos urbanos, a masas de agua y zonas inundables, a humedales RAMSAR, zonas ZEPA, autopistas salvajes… son muchas de las variables que se analizan para la viabilidad y conveniencia de los distintos proyectos, con importantes estudios como la memoria “Zonificación Ambiental para la Implantación de las Energías Renovables” elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En nuestro país, las Administraciones Públicas son garantes del cumplimiento de los compromisos medioambientales y, con su trabajo diario, aseguran el respeto a la biodiversidad.
Las energías renovables, gracias a su compatibilidad con muchas actividades tradicionales (ganadería, apicultura, agricultura de cultivos bajos…) e incluso con la valorización de subproductos de otras industrias, como es el caso de la biomasa, permite la creación de riqueza y empleo en las distintas regiones, especialmente en el entorno rural, donde se implantan la mayoría de los proyectos renovables.
En colaboración con la Federación de AA.VV. y las empresas del sector fotovoltaico, han aprobado un protocolo, denominado «Compromiso de Sostenibilidad Social y Medioambiental de las plantas fotovoltaicas a construir en el municipio de Cartagena».
Se trabajará con un grupo de académicos (ecólogos, tecnólogos, expertos en economía y desarrollo energético, geógrafos…) para compatibilizar el despliegue renovable con la integración de las personas en el territorio, la biodiversidad y el paisaje.
Defensores de las fuentes renovables en Murcia reclaman sentido común a fin de reducir al mínimo el impacto sobre la biodiversidad y el suelo a la vez que implantar las energías limpias para autoconsumo.
