Los fondos beneficiarán a zonas de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares.
La Comisión Europea ha aprobado el Programa de Transición Justa de España, que incluye el Plan Territorial de Transición Justa. Contiene las tipologías de actuaciones elegibles para ejecutar los 868 millones de euros de ayuda del europeo Fondo de Transición Justa (FTJ) que le corresponden al país y que recalarán en los territorios elegibles de seis comunidades autónomas –Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia e Islas Baleares– afectados por el cierre de minas de carbón y centrales térmicas de carbón. Las ayudas, que se repartirán hasta 2027, apoyarán a más de 1.900 empresas, la gran mayoría Pymes, impulsando la generación de unos 6.000 puestos de trabajo a tiempo completo.
El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha diseñado el Plan y el Programa cooperando muy estrechamente con las seis comunidades autónomas implicadas, buscando optimizar las posibilidades del FTJ, un instrumento novedoso de la Política de Cohesión europea, que por primera vez se ha focalizado en retos concretos –los ligados a la transición justa– y a territorios concretos, a nivel provincial o inferior.
EL FTJ tiene algunas ventajas frente a otras herramientas de Cohesión. Destaca que, bajo ciertas condiciones, pueden recibir su apoyo las instalaciones sujetas al mercado europeo de emisiones de carbono y las grandes empresas para inversiones productivas, hasta un máximo del 15% y el 30% de los fondos totales, respectivamente; además, tiene unas tasas de cofinanciación un 10% más elevadas que las del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en regiones transición y más desarrolladas, de modo que el gasto total a certificar ante las autoridades comunitarias ascenderá a unos 1.250 millones.
Los fondos del FTJ se adicionan a las ayudas que viene canalizando el ITJ: desde 2019 ha concedido 350 millones en ayudas para trabajadores, empresas y entidades públicas locales, a los que se añaden otros 300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
La transición justa es un elemento transversal de la política energética gubernamental, donde destacan los concursos de acceso a la red eléctrica como el recientemente celebrado en Teruel o la priorización de los proyectos en las zonas de transición justa en numerosas líneas de financiación del PRTR.
El 96% de los fondos del FTJ será gestionado por las comunidades autónomas de los territorios elegibles y el 4% restante será gestionado por el ITJ, que lo empleará para actuaciones transversales en dichos territorios. El reparto territorial concreto, recogido en la siguiente tabla, se ha basado en los mismos criterios que utilizó la Comisión Europea para distribuir el FTJ entre los distintos estados miembros: (ver en el apartado de imágenes).
Las ayudas con cargo al FTJ podrán ejecutarse hasta 2029, con el grueso –unos 500 millones– concentrado hasta 2026. Las tipologías de actuaciones a financiar se han clasificado en las siguientes categorías, comunes a todos los territorios:
Entre las actuaciones que se llevarán a cabo gracias al FTJ en las diferentes comunidades autónomas pueden citarse las siguientes:
En Asturias se impulsarán la cadena de valor del hidrógeno renovable, la cadena de valor de las energías renovables y la del almacenamiento energético, así como la transformación ecológica, circular y digital de la industria, la diversificación del tejido industrial, además de actuaciones de formación, en particular para jóvenes.
En A Coruña se apoyará la descarbonización de la industria, se creará un instrumento financiero de préstamos a empresas que creen y mantengan empleo, se creará un polo de I+D en renovables marinas y almacenamiento, y un centro de formación en profesiones digitales y verdes.
En León y Palencia se hará una apuesta importante por la biomasa (gestión forestal, logística y uso final en red de calor), se crearán incubadoras de empresas, se pondrá en marcha un proyecto de puesta en valor del patrimonio minero y se reforzarán las capacidades formativas en renovables.
En Teruel se apostará por la eficiencia energética y economía circular en la industria, por los sistemas de energía inteligentes (incluyendo el almacenamiento y el hidrógeno verde), los centros de coworking y talleres rurales y de emprendimiento para mujeres.
En Cádiz, Córdoba y Almería se impulsarán los ecosistemas industriales de cada provincia, se fomentará la economía circular, la producción de hidrógeno verde y otros combustibles renovables, el desarrollo de infraestructura eléctrica en zonas de transición justa, la regeneración y descontaminación de espacios degradados y actuaciones de formación y acceso al empleo.
En la Zona de Transición Justa de Alcudia se financiarán, dentro del proyecto Alcudia Tech Mar, la rehabilitación de terrenos de la antigua central térmica, una red de calor, instalaciones de hidrógeno verde y renovables para autoconsumo. Además de actuaciones de formación en náutica, nuevas energías y turismo sostenible.
Las inversiones facilitadas por el FTJ permitirán completar el amplio trabajo previo del Gobierno de España para cumplir con los objetivos de apoyar la transformación de los territorios que cierran el carbón con nuevos emprendimientos y proyectos tractores, en los que se cierre una transición energética innovadora basada en renovables, apoyar a la población trabajadora tenga para que tenga oportunidades de empleo y formación adecuada y las economías locales se transformen en unas sostenibles ambiental y socialmente.
Con presupuesto de 91 millones, podrán optar los 184 municipios incluidos en los Convenios de Transición Justa. Las ayudas financiarán proyectos que orienten los servicios públicos hacia innovación y emprendimiento para retener y atraer población.
El Instituto para la Transición Justa licita 1.202 MW para plantas renovables en los 34 municipios del Convenio de Transición Justa. Se reservan 100 MW de capacidad del nudo para pequeños proyectos renovables a conectar en las redes de distribución
El Gobierno debe agilizar la autorización de cierre para todas las centrales de carbón que hayan solicitado el cierre, garantizando una transición justa para las personas y regiones afectadas.
