Estamos muy preocupados porque desde hace unos días anda circulando un borrador del IDAE con las propuestas de distribución de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía solar fotovoltaica en Canarias con financiación FEDER
La transformación de Gran Canaria, a través del modelo de ecodesarrollo que guía nuestro trabajo en el Cabildo de la isla, depende de que avancemos correcta y aceleradamente hacia la soberanía energética con la introducción de las energías limpias.
Hemos defendido siempre la necesidad de avanzar en un mix energético renovable sustentado en nuestras condiciones naturales (Sol, viento, mar…) y en el respeto al territorio y al paisaje. Por eso, estamos muy preocupados porque desde hace unos días anda circulando un borrador del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con las propuestas de distribución de las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Canarias y cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER. Obviamente, se trata de un borrador consensuado con el Gobierno de Canarias (Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial).
La información ha levantado ampollas en los promotores fotovoltaicos y las administraciones públicas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Se trata de una distribución profundamente injusta y parcial que provoca un desequilibrio importante entre los distintos territorios insulares. Distintas asociaciones han presentado, alarmadas, alegaciones a un borrador que ha preocupado gravemente a las administraciones públicas, promotores, instaladores y ciudadanía.
Por supuesto, el Cabildo de Gran Canaria, además de contactar directamente con la Consejería del Gobierno de Canarias responsable de coordinar esta nueva distribución de potencia, ha formulado de manera inmediata un escrito de alegaciones. La primera de las reclamaciones que hacemos tiene que ver con el presupuesto de la convocatoria, que consideramos debe incrementarse hasta los 40 millones de euros en lugar de los 20 previstos. No se trata de una cifra arbitraria, sino de la cantidad que se contemplaba en una convocatoria de similares características para Baleares, y parece evidente que Canarias, con una mayor demanda energética, merece como mínimo unas ayudas con un presupuesto similar al de Baleares.
Además de la escasez de fondos de la convocatoria, el problema más grave que presenta es que, en lugar de equilibrar la diferencia de potencia fotovoltaica actualmente instalada entre las diferentes islas, especialmente en Gran Canaria, profundiza en ese desequilibrio de manera alarmante. En el borrador figura un reparto de potencia insular que no se relaciona con las necesidades a cubrir para lograr la máxima penetración de renovables en el archipiélago. Así, por ejemplo, la isla de Tenerife prevé instalar 94 MW más de los que actualmente dispone frente a los 32 MW a instalar en Gran Canaria. Según el Anuario Energético de Canarias de 2018, la potencia fotovoltaica instalada en la isla de Tenerife es de 116,8 MW frente a los 41,5 MW de Gran Canaria, es decir, un diferencial de 181,45% a favor de la primera, al que hay que sumar el que ya existe en potencia eólica: un 20,93% más de eólica instalada en Tenerife que en Gran Canaria.
Sin embargo, la demanda de energía eléctrica en ambas islas es muy similar, por lo que la penetración de renovables debería seguir una evolución parecida, que no se está cumpliendo en estos momentos. Y hay que tener en cuenta que Gran Canaria está pendiente de la autorización administrativa para la ejecución de la Central Hidroeléctrica de Almacenamiento e Hidrobombeo de Chira-Soria que, con una potencia de turbinado de 200 MW, permitirá incrementar la capacidad de penetración de energías renovables en Gran Canaria. A esto se suma la prevista interconexión con Fuerteventura y Lanzarote en un futuro, lo que supondrá un potencial muy alto de penetración de renovables para Gran Canaria a medio plazo.
Es decir, de no corregirse la convocatoria del IDAE, se profundizaría en la desigualdad de potencia energética fotovoltaica instalada entre las dos islas, a pesar de que la demanda energética de ambas es similar y de que Gran Canaria está dando los pasos necesarios para aumentar muy considerablemente la penetración de energías limpias en nuestra isla. Es más, desde nuestro punto de vista, esta convocatoria debería ir justamente en sentido contrario y contribuir a equilibrar el diferencial entre islas. Por ese motivo hemos propuesto un reparto alternativo de la potencia mínima instalable para que a Gran Canaria le correspondan 95 MW en lugar de los 32 que contempla el IDAE. De no atenderse nuestra reclamación, la diferencia de potencia instalada entre Tenerife y Gran Canaria aumentaría hasta el 186,8 %, algo absolutamente inaceptable.
Desde el Cabildo de Gran Canaria también hemos presentado alegaciones para aumentar el plazo de presentación de los proyectos de 2 a 6 meses, para que se incremente un 20% el presupuesto financiable unitario máximo por proyecto y así compensar los sobrecostes derivados de nuestra condición ultraperiférica así como otras medidas que tengan como objetivo favorecer la presencia de cooperativas y comunidades energéticas locales. En definitiva, hemos trabajado en una batería de propuestas que contribuirán a mejorar el borrador en el actual contexto de emergencia sanitaria, considerando nuestro hecho diferencial geográfico y corrigiendo desequilibrios que desde nuestro punto de vista impiden un abordaje equitativo de la transición energética de Canarias.
El cambio de modelo energético para transitar hacia uno basado en renovables es uno de los principales ejes sobre los que debe construirse la diversificación económica de las islas. Las energías limpias son, junto con el turismo, el sector en el que contamos con una mayor ventaja comparativa, además de ser crucial para reducir emisiones, la dependencia del exterior así como los costes energéticos (ya que son las energías más baratas) haciendo más competitivos y rentables a los sectores restantes. Además, un sistema energético distribuido con participación de cooperativas, particulares, pymes y entidades locales contribuiría a democratizar el sistema energético y a repartir de manera más equitativa sus beneficios. Por eso desde el Cabildo de Gran Canaria nos hemos volcado con las políticas de soberanía energética.
La fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y da calor durante todo el año, se ha convertido en la energía renovable más competitiva. La institución está en proceso de instalación de 5,34 MW de potencia fotovoltaica. Además, a través del Consejo Insular de la Energía, lanzamos un programa de subvenciones para la instalación de placas fotovoltaicas en viviendas con una partida de 150.000 euros con el objetivo de fomentar el autoconsumo y caminar hacia un nuevo modelo que permita alcanzar la máxima soberanía energética posible a través de las renovables. La cantidad a subvencionar en cada proyecto era de 1 euro por vatio instalado, con un límite de potencia de 3.000 vatios y hemos otorgado un gran protagonismo en las subvenciones a la figura del instalador de baja tensión como representante para la gestión. A día de hoy podemos decir que esta subvención ya ha contribuido a la instalación de, al menos, 600 paneles solares.
Los resultados de las subvenciones hasta ahora constituyen un éxito incontestable. En las dos primeras convocatorias se concedieron 218 subvenciones y en el poco tiempo que lleva la del 2020 se han concedido 10. Se han subvencionado 350 Kw y en total se han instalado 595 Kw. Se ha evitado la emisión de 702 toneladas de CO2 a la atmósfera. La inversión total que se ha logrado impulsar es de 1.407.000 €. Además hemos redoblado nuestra apuesta con una tercera convocatoria dotada con 200.000 € para el autoconsumo de fotovoltaica en viviendas particulares y comunidades de vecinos así como el lanzamiento de la primera convocatoria de subvenciones por un montante de 150.000 € para el fomento de instalaciones de energía solar fotovoltaica en microempresas, pequeñas empresas (hasta 50 trabajadores y 10 millones de € de facturación) así como entidades sin ánimo de lucro. Estamos convencidos de que el autoconsumo de las familias y las pymes debe ser un elemento fundamental en la implantación de las renovables. Favorece una auténtica democratización de la energía y permite utilizar miles de metros cuadrados de cubiertas que consiguen también generar menos impacto en el territorio y el paisaje.
Afortunadamente hoy la energía fotovoltaica, la que produce el sol que nos ilumina y dar calor durante todo el año, es la renovable más competitiva,
En una situación como la actual, con un parón turístico sobrevenido y por tiempo aún indefinido, las medidas para impulsar la transición energética así como una industria local para la fabricación, montaje y mantenimiento de insumos relacionados con las energías renovables, son absolutamente imprescindibles. También desde luego la formación de nuestros jóvenes en este nuevo reto profesional. Valoramos positivamente que tanto el Gobierno de Canarias como el de España estén comprometidos también con este objetivo, ya que esta alianza progresista puede acelerar el ritmo de implantación de las energías limpias. Por eso creo que es crucial que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Gobierno de Canarias atiendan nuestras justas reivindicaciones y contribuyan a un desarrollo energético en Canarias equilibrado entre islas y adaptado a nuestro hecho diferencial.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria
Destinados a empresas y edificios residenciales y cofinanciadas con una tasa del 85%, dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional -FEDER-.
La permanencia de toda la potencia nuclear hasta 2025 y los cerca de 27 GW de ciclos combinados de gas son algunas de las grandes contradicciones del PNIEC con los objetivos de generación renovable y distribuida.
Una vez aprobada la propuesta de orden ministerial, las ayudas reguladas se articularán a través de las convocatorias que se aprueben por los órganos competentes conforme artículo 10 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
