Esta Organización pide al Ministerio para la Transición y a la CNMC que actúe para evitar que el nuevo modelo de generación energética quede en manos de una «aristocracia empresarial».
Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, reclama un derecho efectivo de acceso y conexión a redes para pymes y ciudadanos. Conocidas -el pasado día 1 de julio- las capacidades de acceso a las redes de transporte y distribución, requisito previo imprescindible para la implantación de nuevas instalaciones de producción, autoconsumo, y almacenamiento, el sector se encuentra, como ya sospechaba, que este ejercicio de “transparencia” se ha materializado cuando la capacidad que queda en el sistema eléctrico es absolutamente residual.
En la actualidad hay 120 GW fotovoltaicos con acceso y conexión, y con el proyecto en tramitación, la inmensa mayoría de esta potencia en modalidad de grandes plantas, esto supone casi triplicar las instalaciones previstas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2030. En los procesos de acceso y conexión hemos asistido a un oscurantismo impropio de un país desarrollado, que ha dado lugar a movimientos especulativos y de acaparamiento, hurtando a ciudadanos y pymes la posibilidad de acceder a la actividad de generación eléctrica renovable.
Diferir en el tiempo la obligatoriedad de que fuera pública la capacidad de los nudos de evacuación ha resultado ser una burla, agravada con las condiciones restrictivas, que complica que puedan participar las pequeñas potencias, de hasta 5 MW, que podrían tener posibilidad de acceder a las redes de menos de 36 kV, pero que se encuentran con barreras técnicas insólitas, que deja cautivo el mercado de suministro eléctrico a las macro plantas.
Desde Anpier consideramos que tanto los nudos de REE como las subestaciones de distribución deben contar con reserva de evacuación suficiente para que se garantice la instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas de potencia igual o inferior a 5 MW, en cualquiera de sus aplicaciones sociales: para venta a red; el autoconsumo individual, colectivo, residencial o industrial; la implantación de las comunidades energéticas, de particulares, cooperativas, autónomos y pymes.
Esta reserva bastaría con que alcanzará tan solo un 20% de su capacidad evacuación; sería una medida meramente de cautela de carácter técnico, para garantizar que dichos nudos y subestaciones no llegaran a saturarse, dado que la energía de las plantas fotovoltaicas de potencial igual o menor a 5 MW instaladas en la red de distribución, en una normalidad no alcanzarían dicho nudo, y sólo muy puntualmente las subestaciones de distribución, puesto que sus producciones se absorben en los consumos de proximidad, dado lo contenido de su dimensión y, por tanto, la limitada generación que producen.
Por otra parte, dadas las características expuestas, Anpier considera que debería otorgarse la concesión automática de acceso y conexión de plantas con potencia igual o inferior a 1 MW con la presentación de aval, con 15 días de plazo máximo para que la distribuidora otorgue o rechace dicho acceso y conexión, justificando la imposibilidad técnica de dicho acceso. Las redes de distribución de hasta 36 kV, que suministran un 75% del consumo total y tan solo conectan un 9% de la generación total, deben reservar la totalidad de su capacidad de conexión a instalaciones de potencia inferior o igual a 5 MW que, además, no requieren, por su pequeña dimensión y por ocupar menos de 10 hectáreas, de la aprobación de su evaluación de impacto medioambiental.
La Unión Europea pretende con su nuevo marco normativo energético, colocar al ciudadano en el centro de la transición energética, que éstos la asuman, aprovechen las nuevas tecnologías para reducir sus facturas y participen activamente en el mercado, y en la que se proteja a los consumidores vulnerables. Esta declaración de intenciones ha de plasmarse, para ser sincera y efectiva, en los marcos normativos estatales.
Si el discurso no llega a plasmarse en norma, no realizaremos una transición realmente social y justa. Esta asociación ha trasladado estas propuestas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al IDAE y a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, con la esperanza de que subsanen estas anomalías.
El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, considera que “con las actuales disposiciones de acceso y conexión, además de limitarse el acceso ciudadano a sus propias redes, se ha blindado un modelo de generación oligopolístico, antisocial e injusto, en favor de una “aristocracia empresarial”. Se ha permitido la ocultación de la evacuación hasta que ésta ha quedado en manos de unas pocas empresas y, ahora, se establece un mercado cautivo que favorece a estos pocos grandes productores, al complicar la posibilidad de que puedan tener competencia en las redes de distribución, con la excusa de que los nudos están saturados, cuestión que solo atañe a la generación de los grandes parques, que deben transportar la energía y usar estos nudos, un inconveniente que es ajeno para las plantas de potencial igual o menor a 5 MW, que no vierten en dichos nudos porque su producción se absorbe en proximidad. Estas barreras técnicas expulsan de facto del mercado eléctrico a las pequeñas iniciativas, y se evita así que un mayor número de suministradores o autoconsumidores, por pequeños que sean, resten mercado a las grandes empresas”.
Naturgy y el gobierno de la Comunidad de Madrid pretenden mitigar la necesidad caldeando el ambiente con propuestas incendiarias.
Las grandes energéticas estatales repartirán miles de millones de euros a su accionariado mientras el Estado asumirá el déficit de tarifa energético. Se reclama la gratuidad de estos servicios para las personas más vulnerables.
Consideramos que es necesario destinar capacidad de acceso a la red para pequeñas instalaciones, lo que permitirá que, en un futuro, no queden excluidas y se pueda avanzar en la democratización de la energía.
