Ello redundará en beneficio de la eficiencia energética, la cual debe ser uno de los pilares centrales de la política energética: ahorra costes, reduce importaciones, mejora la competitividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.
La Carta de Emplazamiento del Colegio de Comisarios se refiere a posibles incidencias en la transposición al ordenamiento jurídico español del artículo 9, apartado 3, de la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, referido a la obligatoriedad de instalar sistemas de contabilización individualizada de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para edificios antiguos.
El Gobierno ha señalado que colaborará con las Autoridades comunitarias para llegar a una solución satisfactoria, si bien lo hará desde la premisa de que cualquier decisión que se adopte al respecto no resulte perjudicial para los consumidores, particularmente los más vulnerables.
Para ello, el Gobierno procederá al análisis coste beneficio de las distintas alternativas, que actualmente se está realizando, desde la premisa de que las medidas que se adopten en relación con lo manifestado por la carta de Emplazamiento, lo sean sin perjudicar la posición del consumidor y contribuyendo de manera eficaz y eficiente, a fomentar el ahorro energético.
A este respecto, desde el Gobierno se lanzó una consulta pública a lo largo del mes de diciembre con el fin de recabar las consideraciones que sobre el asunto puedan tener los distintos interesados.
El Gobierno ha manifestado reiteradamente en sede parlamentaria su compromiso por avanzar en eficiencia energética y contribuir a la consecución de los objetivos marcados en este ámbito en el seno de la Unión Europea.
Siendo España un país especialmente dependiente de la importación de productos energéticos, la eficiencia energética debe ser uno de los pilares centrales de la política energética: ahorra costes, reduce importaciones, mejora la competitividad y contribuye a la sostenibilidad medioambiental.
Muestra de ello es el cumplimiento de los objetivos fijados tal como se indica en el último Plan de acción de Eficiencia Energética 2017-2020, así como el apoyo en la negociación del “paquete de Invierno” de un objetivo del 30%, superior al inicialmente fijado del 27%.
Las víctimas de la inseguridad jurídica: 65.000 familias españolas que invirtieron creyendo en la Ley publicada en BOE continúan 13 años después sin ver reparada la injusticia que padecen.
En Canarias presenta una fragilidad especial por su condición de insularidad y aislamiento, pero en la última década se ha vuelto peligrosamente inseguro por la falta de inversiones para sustituir los grupos de generación que se ha vuelto obsoleto.
