Una entidad titular de una central fotovoltaica de producción de energía eléctrica, ¿Cuál es el coeficiente lineal máximo de amortización y periodo máximo de amortización a aplicar a la citada central?
El Gobierno de las Islas Baleares ha puesto a disposición de sus promotores solares un diagrama de los tramites administrativos y los modelos de documentos que han de aportar.
La Ordenanza regula la obligada incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento de piscinas, en los edificios y construcciones.
En Cataluña ya es obligatorio. El promotor fotovoltaico ha de entregar fianza suficiente que garantice su obligación de desmantelar los equipos y la restitución de los terrenos que ocupan una vez finalizada su actividad de producción.
Zapatero, en la Conferencia Anual del Partido Laborista celebrada en Brighton (Reino Unido) ha apostado por las nuevas tecnologías y por la democratización de la producción energética.
Desde el punto de vista fiscal ¿Que sucede si se lleva a cabo la escisión parcial de la promotora solar que gestiona el arrendamiento del terreno, el mantenimiento del parque solar, y la producción de energía mediante la explotación?
Se adjunta borrador de Real Decreto que tiene por objeto establecer el régimen aplicable a los derechos, condiciones y limitaciones en el acceso de las instalaciones de producción de electricidad en régimen especial a las redes de transporte.
Hoy día 29 de junio, se hacen publicas en el BOE nº 157 las tarifas de Último Recurso del segundo semestre de 2.009. Estas tarifas se actualizaran cada seis meses. En breve conoceremos las tarifas eléctricas que aplicaran las comercializadoras.
La entidad consultante es una sociedad limitada domiciliada en Canarias que se dedica a la producción y venta de energía eléctrica de origen solar, que se realiza en sus instalaciones situadas en Canarias.
Tras ser remitida por el MITYC a la CNE, la citada Propuesta de Real Decreto, emite informe al respecto. Entre otras cosas, declara inconstitucional el supervisar si las CCAA han inscrito correctamete o no las instalaciones en el RD 661/2007.
