Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Tramitar las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico vía comunicación previa elimina el problema de las esperas de hasta ocho meses que se han producido hasta ahora y que afectan al medioambiente y la generación de empleo.
Cinco grandes organizaciones ecologistas defienden que lo que hace falta son trabajos estables duraderos y sostenibles en la zona y no contraponer desarrollo y empleo a la conservación de la naturaleza.
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