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Miles de ciudadanos presentarán ante la fiscalía contra la corrupción un escrito para que determine si existió prevaricación o tráfico de influencias.
El sistema energético español ha perjudicado el interés general mientras ha enriquecido a unas pocas empresas y personas
Consideran que podría existir responsabilidad penal de presidentes, ministros y altos cargos de los diferentes gobiernos.
El escrito se presentará a la fiscalía mañana miércoles, 5 de junio. Las firmas se están recogiendo a través de la comunidad avaaz.
Miles de ciudadanos presentarán mañana miércoles, 5 de junio, un escrito a la Fiscalía Especial contra la Corrupción para que determine si existió prevaricación y/o tráfico de influencias, y por lo tanto si se derivan responsabilidades penales, en las decisiones adoptadas por Presidentes, Ministros y altos cargos de diferentes Gobiernos, que determinaron la configuración del actual modelo energético español, gravoso para la ciudadanía y rentable para un reducido grupo de empresas y personas. Algunos de estos beneficiarios pudieron tomar decisiones trascendentes desde la Administración, que resultaron lucrativas para las empresas en las que posteriormente se integraron.
La ciudadanía ha visto como la factura de la luz se ha incrementado un 70% en los últimos 10 años, al tiempo que se ha generado un déficit de tarifa entorno a los 30.000 millones de Euros; mientras que, en este mismo periodo, las empresa eléctricas españolas han generado unos beneficios extraordinarios que no han cesado ni siquiera en los años de la más profunda de las recesiones mundiales conocidas. Tal y como informó el diario El Economista (31/05/2013) “de cada cien euros de ingresos que generaron las compañías del sector, en Europa convirtieron en beneficio 2,6 euros y en España, 6,8 euros. Pero esta situación no ha sido algo aislado de 2012, sino que está siendo la tónica general de los últimos años y todo indica que seguirá en los próximos”.
Las tecnologías generadoras más apartadas de las tres principales empresas del sector eléctrico, precisamente las renovables, han sido claramente perjudicadas por la normativa emitida por los últimos Gobiernos; a pesar de sus innegables ventajas sociales económicas y medioambientales, en contra de las tendencias internacionales, las disposiciones comunitarias y de la propia ciudadanía, puesto que, como indica el Eurobarometro, el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables.
Los ciudadanos pretenden que se depuren responsabilidades penales, si las hubiera, que se avance hacia un nuevo modelo energético, social y medioambientalmente responsable y que se inicie la senda de una regeneración política y social. Las firmas se están recogiendo a través de la aplicación de Avaaz, comunidad global de movilización online que integra la acción política impulsada por la ciudadanía (www.avaaz.org).
El documento que se va a presentar a la Fiscalía detalla la aprobación de distintas normas por parte de autoridades pertenecientes a diferentes Gobiernos y Ministerios de Industria, que pudieran ser constitutivos de los delitos de prevaricación y de tráfico de influencias, porque expresa: “con sus actuaciones absolutamente arbitrarias, tendenciosas e injustas que están perjudicando hasta la extenuación a un extenso número de pequeños empresarios y a varios millones de consumidores en aparente beneficio de un pequeño número de compañías del sector”, por lo que considera que “las pruebas que se adjuntan en el relato fáctico, son suficientemente notables como para que el presente escrito sea tenido en consideración a los efectos instructores, solicitándose del Ministerio Público la investigación de los hechos, de la que con mucha probabilidad derivarán responsabilidades penales”
El texto recopila, analiza y documenta tanto una sucesión de medidas aprobadas por la Administración, y que fueron a juicio de los firmantes, muy perjudiciales para el interés general; como los puestos a los que posteriormente accedieron las personas que favorecieron o condicionaron la adopción de dichas medidas y que posteriormente fueron remuneradas por empresas del sector eléctrico. Entre otras personas aparecen los Presidentes, Felipe González Márquez y José María Aznar López; los Ministros Narcís Serra Serra, Luis de Guindos, Elena Salgado, Pedro Solbes Mira, Ángel Acebes Paniagua, Ana Palacio Valle-Lersundi, Manuel Marín González y María de los Ángeles Amador Millán; así como otros altos cargos: José Luis Olivas Martínez, Miguel Amigo Mateos, Fabrizio Hernández Pampaloni, Joan Majo Cruzate, Ignacio López del Hierro, Ramón Pérez Simarro, Rosa Rodríguez Díaz, Braulio Medel Cámara, Fernando Becker Zauzua, Santiago Cobo Cobo, José Folgado Blanco, Arantxa Medizabal, Joseba Andoni Aurrekoetxez, Marcelino Oreja Aguirre y Enrique Martínez Robles.
Los ciudadanos firmantes recuerdan en el texto que “nuestro Derecho establece taxativamente que los órganos públicos sólo pueden perseguir intereses generales, incurren irremediablemente en desviación de poder todas aquellas autoridades que realizan actos aparentemente legales, pero cuya finalidad reconocible no es otra que favorecer los intereses particulares de un partido político, grupo de presión, etc.” e indican que “no tenemos capacidad suficiente como para poder definir la perpetración de este tipo punitivo en ninguna de las personas que se describen en este documento. Sin embargo, sí nos parece que la situación es lo bastante grave como para que el Ministerio Fiscal realice las pesquisas necesarias para su correcta evaluación”.
El documento publicado evalúa el impacto de la flexibilidad en el costo de descarbonizar la matriz eléctrica chilena.
Las Comunidades Energéticas están compuestas por Miichi Ka’i, tecnología innovadora creada por el IPSE que combina eficiencia, versatilidad y sostenibilidad para suministrar el servicio de energía 24/7.
