Con las nuevas centrales fotovoltaicas, el Ecuador pagará USD 120 millones anuales más por la misma energía que podría generar una hidroeléctrica. Este “subsidio” multiplicado por 15 años alcanzaría los USD 2 000 millones.
En el Ecuador, la producción de energía alternativa o no convencionales como eólica, biomasa, geotérmica y fotovoltaica, no se ha desarrollado, lo que significa que apenas llegan a un 6% de la capacidad eléctrica total del país, por lo que el Gobierno a través del Consejo Nacional de Electrificación CONELEC, desde el 2011 inició la construcción de 17 nuevos proyectos fotovoltaicos los cuales deberán entrar en funcionamiento hasta el 2015, la instalación de paneles solares se desarrollarán principalmente en las provincias de Imbabura, Pichincha, Manabí, Santa Elena, entre otras provincias, alcanzando una capacidad total de 284 MW de esa potencia, hasta 200 MW se entregaron a empresas que ofertaron siete proyectos de más de 20 MW y el resto a firmas con iniciativas de pequeña generación, por una inversión total de USD 700 millones .
El objetivo del Gobierno con este tipo de proyectos es diversificar la Matriz Energética del país, la implementación de la energía fotovoltaica permitirá descentralizar la generación con combustibles caros y contaminantes como el diésel (actualmente un 79% de la energía que consume el país proviene del petróleo) y aliviar la tensión en el sistema eléctrico, además de atraer a la inversión extranjera.
El principal obstáculo ha sido el precio y el escaso desarrollo tecnológico para mejorar su eficiencia, por ello se pretende incentivar este tipo de energías a través de la regulación 04/11 del CONELEC aprobada en abril del 2011 y reformada en el 2012, en la que se fijó una tarifa preferencial para la energía fotovoltaica de 40,03 centavos de dólar en proyectos en el Ecuador continental y 44,03 centavos en Galápagos por kW/h, garantizando la compra de la energía producida por estas instalaciones durante 15 años.
Esta tarifa atrajo a varias empresas provenientes de España, Alemania, Holanda entre otros; mediante esta normativa se garantiza el pago de esa tarifa a los inversionistas nacionales o extranjeros que presenten proyectos fotovoltaicos sustentados en estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseños definitivos. Según esto, los proyectos deben someterse a una evaluación del CONELEC, entidad que emite un título habilitante para que las empresas comiencen a fabricar los paneles solares e instalarlos en el país.
El precio de vertido a red ha sido criticado por ser demasiado elevado y por mantenerse durante 15 años toda vez que la tecnología fotovoltaica está disminuyendo su coste. Por otro lado El CONELEC aseguró que dicha tarifa no desestabiliza las finanzas del sector eléctrico, aunque reconocen que es un costo algo elevado y que respondían a las condiciones del mercado a la fecha en que se aprobó la regulación. Sin embargo, el organismo explicó que las leyes permiten realizar ajustes siempre y cuando no se rompa el equilibrio económico del contrato.
Este argumento se sustenta en la misma regulación del CONELEC que determina que la energía fotovoltaica tendrá preferencia de compra sobre energías como es el caso de la hidroeléctrica. “Obligatoriamente deberemos consumir energía 10 veces más cara pese a tener excedentes de energía hidroeléctrica barata”. Según sus cálculos, con las nuevas centrales fotovoltaicas, el Ecuador pagará USD 120 millones anuales más por la misma energía que podría generar una hidroeléctrica. Este “subsidio” multiplicado por 15 años alcanzaría los USD 2 000 millones.
En el 2012, el Gobierno invirtió USD 2,6 millones en solar térmica y fotovoltaica. Para el 2013 prevé invertir USD 430.000 en energía fotovoltaica. Según El Plan Maestro 2012-2021 de CONELEC la generación del tipo fotovoltaico y otras ERNC prevé instalaciones con una potencia de 200 MW, y Energía media de 700 GWh/año, se estima un monto total de USD 480.000.000 .
El Ministerio reforzó la importancia de crear el Fondo BNDS de Minerales Críticos, que pretende recaudar hasta mil millones de reales para financiar la investigación y extracción de litio, cobalto, níquel y otros minerales estratégicos.
Dentro de los cambios realizados se hace referencia a la flexibilización de los criterios de habilitación técnica y financiera para el permiso de ocupación temporal y los que se deberán cumplir para la concesión marítima.
