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Indemnización para Iberdrola y Expolio para la fotovoltaica.

2-1-13
Carlos Mateu
1987 Lectores
Indemnización para Iberdrola y Expolio para la fotovoltaica.
No hay nada como presenciar un ataque al Oligopolio eléctrico para que los Políticos que les defienden y se desviven por su bienestar, salgan a la palestra aclamando y reclamando seguridad jurídica.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado que Bolivia deberá evaluar “con objetividad” las filiales de Iberdrola y ha enviado un mensaje al presidente boliviano, Evo Morales, para pedirle que se adjudique a la eléctrica española “una justa indemnización” a la que, según ha apuntado, “tiene derecho sin dilaciones innecesarias”. Sin embargo, permite que la inversión realizada en España en el ámbito de las energías renovables y, más concretamente, en energía fotovoltaica esté sufriendo recortes superiores al 37% sobre los retornos garantizados por el Estado a través del propio Boletín Oficial de Estado.

La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) reclaman al Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que garantice en España la Seguridad Jurídica que su gobierno exige a países terceros y exige que se restituya la Seguridad Jurídica en el sector español de las energías renovables, quebrantada por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010 de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre de 2010, y que han colocado fuera del umbral de rentabilidad a más de 55.000 familias españolas.

Esta exigencia del restablecimiento en España de la seguridad jurídica no sólo parte de los productores españoles de energía solar fotovoltaica, sino también los más importantes fondos de inversión internacionales, que han llevado a España a los Tribunales internacionales de arbitraje por esta cuestión, cuyas sentencias se conocerán a mediados de 2013 y podrían suponer que los fondos fuesen indemnizados por el daño causado por el Gobierno español al cambiar las reglas del juego. El laudo arbitral no sería de aplicación a los inversores fotovoltaicos españoles, sólo a los extranjeros, pero serviría para demostrar la grave situación de injusticia que padece este colectivo.

Los fondos internacionales invirtieron en renovables en España sobre la base de una retribución fijada en el B.O.E. y en un marco regulatorio que se suponía que no iba a cambiar, una confianza basada en el hecho de que España es un país de la Unión Europea. Ahora, estos fondos han descartado seguir invirtiendo en negocios “regulados” en España: como renovables, canalización de gas o servicios de abastecimiento de agua, debido a la desconfianza y la falta de seguridad observada.

Esta anómala situación ha conducido a que los propios representantes diplomáticos de los países más afectados por las inversiones realizadas por sus conciudadanos,  como ha sido el caso de los EE.UU., hayan tomado cartas en el asunto, exponiendo sus quejas ante el Gobierno español.

Desde la Unión Europea, el propio Comisario Oettinger, en un reciente escrito dirigido al Presidente de ANPIER, afirmaba haber reiterado al Ministro de Industria, Sr. Soria, tanto públicamente como en privado, su desacuerdo con las medidas retroactivas que padece el sector de las renovables; tal y como expresó la Comisión Europa en la Comunicación COM/2012/271, texto en el que, en clara alusión a España, se puede leer  "En algunos Estados miembros, los cambios registrados en los regímenes de ayuda han sido poco transparentes, se han introducido bruscamente y, en ocasiones, se han impuesto incluso con carácter retroactivo. En el caso de nuevas tecnologías e inversiones, que siguen siendo dependientes de las ayudas, tales prácticas socavan la confianza de los inversores del sector"

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca ha señalado que “es un problema muy extendido entre nuestros gobernantes el ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el propio, puesto que tan escandalosa resulta la retroactividad fuera como dentro de nuestras fronteras” y considera que “la reacción de Soria en defensa de Iberdrola, contrasta con la actitud pasiva frente a la consecuencias que padecen más de 55.000 familias españolas a causa de nuestras propias normas retroactivas, lo que da una idea de cuáles son los intereses que defiende con mayor diligencia”

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