ANPER ha solicitado al MITyC participar en la próxima reunión que celebrará el miércoles 16 para presentarse como el necesario y más válido interlocutor por proteger al MAYOR PERJUDICADO, al productor e inversor fotovoltaico.
El sector solar fotovoltaico para defender la No retroactividad, cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos, no así probablemente para el fomento de la energía solar fotovoltaica al valor de tarifa actual, pero sí les une el que ninguno de ellos está de acuerdo con que se tome una medida retroactiva (sea en la actividad regulada que sea) que perjudique la imagen país porque pone en duda la estabilidad de nuestro marco regulatorio y desincentiva la inversión.
La guerra mediática entre el Partido Popular y el PSOE en el tema de las renovables, se asienta una vez más en los abanderamientos que uno u otro hace, y en los "méritos del éxito" que pretenden apuntarse, lo cual, como desgraciadamente conocemos,es más que dudoso. Por tanto, la Junta Directiva de ANPER, haciendo gala de su esfuerzo y del deseo de que no resulten vulnerados los intereses de los productores está en contacto con todos ellos, solicitando y recabando apoyos para la NO aplicación de la amenazante retroactividad.
Fotografía de la Junta Directiva de ANPER. De izquierda a derecha Manuel Ibañez Plana (Vocal 2), Lluis Calatayud Pla (Tesorero), Rorio Hortigüela Esturillo (Vicepresidente), Justo Montero Vera (Presidente), Javier Palazuelos del Sol (Vocal 1), Gerardo Rojo Huerta (Secretario), Fernando Nieto Huete (Vocal 3).
La distorsión que hayan podido provocar las renovables en el sistema y que han sido objeto de tanta crítica, ha sido debida única y exclusivamente a la INADECUADA REGULACIÓN E INEXISTENTE PLANIFICACIÓN. Y esto incumbe, no solo a la administración general del estado a través del Ministerio de Industria, sino también a todas y cada una de las autonomías que han autorizado renovables en su territorio. Por tanto, las consecuencias no las puede pagar el que ha invertido en un negocio regulado, a largo plazo, con unos márgenes muy ajustados (compartidos con los bancos, Hacienda) y unos períodos de retorno de inversión cautiva entre los 8 y los 12 años; confiando en la seguridad que ofrecía el Estado.
Se trata pues, de una típica inversión industrial eléctrica, intensiva en capital, con períodos de retorno largos y con rentabilidades ajustadas y aseguradas por un marco legal, puesto que esta es una actividad REGULADA. Si llevan a cabo una “moratoria de renovables” habrán de ser indemnizados sus propietarios como en el caso de las nucleares. De lo contrario se consumará una EXPROPIACIÓN INDEBIDA E INJUSTA sobre el pequeño inversor cuyo perfil típico es el del ahorrador de clase media.
Los miles de pequeños inversores devienen el eslabón más débil de la cadena y por eso son los primeros en ser atacados, pero NO SE PUEDE ADMITIR RETROACTIVIDAD como no puede admitirla ningún actor dentro del sistema eléctrico. Todo el mundo entiende que si a una gran eléctrica un cambio regulatorio le paraliza una inversión en nuclear haya que pagársela, ¿pero si se la paralizan a miles de pequeños productores no? La repercusión económica no es comparable, es más desfavorable y con efectos más devastadores en el caso del pequeño productor, que no tiene otros recursos y no sólo perdería su inversión, sino probablemente su casa, que es con lo que ha podido avalar su inversión.
Entendemos que existen problemas en el sistema eléctrico. El más inmediato puede ser solucionar el déficit hasta 2013 pero no es el único, hay un problema de sobrecapacidad en el sistema. En ambos se está dispuesto a colaborar para buscar soluciones DE CARÁCTER NO RETROACTIVO en conjunto con el resto de los actores del sistema pero proporcionalmente a los beneficios obtenidos por cada uno de ellos.
Para el segundo, que sólo podrá solucionarse en un plazo de 10 años, también disposición a colaborar activamente para ayudar a encajar la planificación de renovables dictada por Europa con una organización racional del sistema eléctrico español, donde tengan cabida las tecnologías convencionales de menor impacto ambiental y donde TODAS puedan rentabilizar sus inversiones, al igual que las renovables. Esto es función del gobierno ya que se requiere un análisis profundo de las necesidades del sistema que permita identificar las líneas de actuación futuras (prioridades en inversiones, modificaciones del funcionamiento del mercado, acuerdos políticos para interconexión con Europa, etc ) y plasmarlas en una Ley (no RD) que vuelva a generar confianza y atraiga la inversión, a la vez que permite un suministro eléctrico seguro, sostenible y el más económico posible.
Costo-Beneficio de Estrategias de Flexibilidad para vehículos eléctricos en el marco del Proyecto GEF7 Electromovilidad
El Ministerio de Energía y Minas, a través de sus Empresas Eléctricas de Distribución, han registrado más de 1.290 sistemas de generación para autoabastecimiento cuya fuente principal de electricidad es la fotovoltaica (luz solar).
