La inconsistencia técnica del proyecto visibiliza una apuesta promovida por el sector gasista, que no se ajusta a la realidad energética y social.
Ante los acuerdos expuestos por los presidentes de los Estados francés, portugués y español el 20 de octubre, las organizaciones Amigos de la Tierra, Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría del Ferrol, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y WWF muestran su rechazo tajante ante los proyectos de interconexión gasista presentados, denominados por estos gobiernos como “corredores verdes”. Las organizaciones ecologistas y sociales consideran que tanto el gasoducto submarino como la tercera conexión con Portugal son innecesarias, suponen un impedimento para una transición energética justa, son un lavado verde para la industria gasista y bloquean fondos que deberían dirigirse a soluciones reales que ya pueden ser implementadas.
Amigos de la Tierra, Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría del Ferrol, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y WWF celebran el adiós definitivo al Midcat, una prueba más de que el fin del gas fósil como fuente de energía está más cerca. Estas organizaciones consideran que lo más probable es que la propuesta de nuevo corredor submarino, llamada BarMar, tampoco se llevará a término por la inviabilidad del proyecto. Sin embargo, mientras se desestima la idea, se perderá tiempo, esfuerzo y dinero público en estudios que podrían destinarse a las verdaderas soluciones: el ahorro energético y las renovables dimensionadas.
Las organizaciones plantean las siguientes consideraciones:
A nivel técnico, actualmente el 99% del hidrógeno producido procede de combustibles fósiles, principalmente del gas fósil. La promoción del hidrógeno sigue atando a la ciudadanía al consumo de gas fósil. No supone un respiro para la coyuntura energética ni en el medio ni en el largo plazo por los altos consumos energéticos que conllevaría. Construir un supuesto hidroducto internacional es incompatible con la red de gasoductos nacionales. Marsella está rodeada de gasoductos que exportan gas a centros industriales al norte de Francia y de Italia, por lo que dilapida el argumento de transportar hidrógeno verde a corto plazo y lo más probable es que lleve gas o gas mezclado con un poco de hidrógeno durante décadas.
La construcción, además, resulta muy complicada al ser un gasoducto submarino, y teóricamente enfocado al transporte de hidrógeno. Se necesitan materiales especiales, como la aleación específica de acero, y compresores más potentes y adaptados. Todo ello puede derivar en muy altos costes. Es necesario un estudio técnico del fondo marino e impactos a los ecosistemas marinos.
Aunque no conocemos en detalle el trazado, atravesará el Golfo de León, que es una de las zonas con mayor índice de biodiversidad en el Mediterráneo, donde se encuentran espacios marinos protegidos, el corredor de cetáceos o el Santuario de Pelagos.
Existen cuestiones de vulnerabilidad geográficas e impactos medioambientales y climáticos, como ha pasado con el Nord Stream. No se ha evaluado cómo afectarían las fugas de hidrógeno en los ecosistemas marinos ni sus impactos en la atmósfera, debido a sus propiedades físico-químicas, su alta inflamabilidad y coeficiente de difusión mayor que el del gas fósil. Tampoco hay constancia de los planes de contingencia al respecto.
Por último, actualmente el proceso de electrólisis tiene una pérdida de eficiencia del 30%, lo que provocaría un sobredimensionamiento de la generación renovable y megaproyectos en el Estado español.
A nivel político, las organizaciones expresan su sorpresa ante este cambio de postura del Estado francés, que desde el año 2011 se ha opuesto a la construcción de interconexiones que no fueran eléctricas. Se preguntan a qué se puede deber este cambio y qué beneficios obtendría Francia apoyando este proyecto, teniendo en cuenta las intensas movilizaciones sociales en contra de las megainfraestructuras gasistas y el incremento del coste de la vida.
Asimismo, denuncian el discurso de Hub energético con el que el Estado español se ha posicionado en las últimas décadas como exportador de energía para el centro de Europa, con un tono más agresivo durante el último año. Primero era el gas, ahora el hidrógeno. Por ello, las organizaciones se preguntan si es un proyecto realmente necesario para responder a las necesidades energéticas de la ciudadanía y hacer frente a la actual crisis energética.
Esta decisión aleja una transición energética que se base en energías renovables y que sea justa. También supondrá un gran impacto en el territorio porque supondría la implementación de megaproyectos renovables para la producción de hidrógeno y su exportación.
Las organizaciones plantean cuestiones importantes todavía sin resolver: ¿con qué fondos se va a financiar este corredor? ¿Volverán a ser las personas consumidoras las que sufran el encarecimiento de la factura energética o va a ser introducido en unos fondos de recuperación que generan deuda para las generaciones futuras?
Tras el anuncio realizado por los gobiernos francés, portugués y español, las organizaciones ecologistas inician una campaña para paralizar esta nueva megainfraestructura energética, que se basa en un posicionamiento político de los gobiernos español, francés y portugués, sin saber cual es la opinión de los reguladores de la energía, como ha pasado con el MidCat. La sociedad civil estará vigilante ante los pasos que se realicen para el desarrollo del BarMar.
No se ha trabajado con el interés suficiente en los últimos años en la implantación de las energías limpias y confiado desatinadamente, obstinadamente, en los combustibles fósiles y sobre todo en el gas, en complicidad con los lobbies del sector.
El sector público aportará más de 6.900 millones y se calcula que atraerán una inversión privada cercana a los 9.500 millones y permitirá la creación de más de 280.000 puestos de trabajo sostenibles y de calidad.
Ecologistas en Acción presenta informe del Corporate Europe Observatory, Food and Water Action Europe y RE Common, analizando más de 200 documentos que descubren la intensa campaña de presión organizada por la industria del gas natural en la UE.
