Ha pedido la transposición urgente de las dos directivas relacionadas con las comunidades energéticas locales a nuestro país -Directivas de 2019/944 y 2018/2001 concretando el marco normativo para la definición de su personalidad jurídica.
A nivel comunitario y con el propósito de dar continuidad al Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático 2013-2020, el Consejo Europeo adoptó -en octubre de 2014 y posteriormente revisado en 2018- el Marco Energía y Clima 2030. En él se establecen los objetivos en materia de energías renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el horizonte temporal 2030.
Para asegurar la contribución a estos objetivos comunes, la Comisión Europea estableció en 2018 un Reglamento de Gobernanza -Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima- por el que todos los Estados miembros están obligados a desarrollar Planes nacionales integrados de energía y clima (PNIEC) para el periodo 2020. En este sentido, en marzo de 2020, el Gobierno de España envió a la Comisión Europea su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, donde se detallan los objetivos a alcanzar y las políticas e instrumentos a utilizar, divididos en cinco áreas fundamentales: descarbonización, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e investigación, innovación y competitividad. Todo ello, con el fin último de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este marco, CCOO ha presentado observaciones a la consulta pública previa para la actualización del Plan.
Entre otros aspectos se ha resaltado la importancia de desarrollar un plan más global de energías renovables y de toda su cadena de valor, capaz de consolidar la capacidad productiva en nuestro país. Asimismo, se incide en reforzar ciertas tecnologías -que hasta la fecha no ha tenido un sistema de apoyo específico- tales como solar, termoeléctrica, biomasa, bombeo hidráulico...etc. Ahora bien, las instalaciones de las renovables deben favorecer el equilibrio territorial.
Es por ello por lo que se incide en una extensión planificada de las mismas basadas en un diagnóstico adecuado a las características de los territorios (planificación territorial sectorial). Por último, es importante dar voz y participación a los actores de los entornos locales afectados, para reforzar la legitimación del proceso y por tanto su aceptación por parte de las poblaciones.
Por otro lado, y en relación con el autoconsumo, existen ciertas restricciones que están impidiendo su desarrollo, sobre todo en zonas rurales, y que hemos pedido su derogación. Se trata del límite administrativo de los 500 metros al autoconsumo, es decir, no se puede autoconsumir la electricidad que genere una instalación solar fotovoltaica que diste más de 500 metros de él.
CCOO también ha pedido la transposición urgente de las dos directivas relacionadas con las comunidades energéticas locales a nuestro país -Directiva de 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y la Directiva de 2018/2001 sobre energías renovables- con el objetivo de que se pueda concretar el marco normativo para la definición de su personalidad jurídica.
En cuanto a la incorporación de renovables en el sector industrial, creemos que es necesario adoptar un plan industrial específico para las renovables. El Plan debe recoger entre otros aspectos: programas de innovación tecnológica público-privada, el desarrollo de una reserva estratégica de componentes electrónicos, etc. así como dar un mayor impulso a la implantación de energías renovables destinadas al autoconsumo dentro de la industria.
En relación con la Estrategia de Transición Justa, es necesario que se termine de concretar y desarrollar los convenios de transición justa que ya están iniciados en diferentes territorios así como aprobar los previstos para el cierre de las centrales nucleares. También, pedimos la elaboración de planes de transición justa para otros sectores de nuestra economía -industria, turismo, agricultura, transporte, etc.-.
Para CCOO, las Administraciones Públicas Autonómicas pueden y deben desempeñar un papel relevante en el desarrollo de las medidas del Plan y su adecuación a las características y necesidades de cada territorio, debiendo contar con las capacidades institucionales y los recursos suficientes para el desempeño de esta función.
Las medidas presentadas por CCOO para la actualización del plan son esenciales para seguir avanzando en la consecución de los objetivos intermedios marcados para el 2030 con criterios de justicia social.
Como punto de encuentro se abre espacio divulgativo vivo para recopilar novedades, legislación, modelos de documentos, ayudas y herramientas útiles que impulsen el comunitarismo libre-energético.
La Plataforma valora positivamente el Plan de Ahorro energético y propone que la calefacción renovable juegue un papel mayor en futuros planes de ahorro energético.
Escasez de iniciativas docentes y exceso en requerimientos de acceso restringido a titulad@s para el emergente campo de las energías que sin embargo está suscitando extraordinario interés.
