Los proyectos de menos de 5 MW deberían tener mejores condiciones de acceso por las externalidades socioeconómicas y medioambientales que aportan al interés general.
La propiedad del enorme potencial solar fotovoltaico de España se debate en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está ultimando las condiciones de las futuras subastas de generación renovable, para cumplir con la senda marcada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para electrificar los consumos de energía y descarbonizar la economía.
Si bien es cierto que los megaproyectos fotovoltaicos -de hasta 800 MW con 1.500 hectáreas de superficie- gozan de unos costes más favorables gracias a las economías de escala, no se puede obviar que su desmesura genera impactos sobre el territorio; desequilibrios en el acceso y la eficiencia de las redes de transporte y distribución, las cuales copan; menores ratios de creación de empleo y una concentración de los ingresos que, además, lejos de quedar en las economías locales, transcienden de las fronteras del Estado para nutrir a grandes fondos de inversión, ahora ahítos de liquidez.
A juicio del presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca “Esta concentración de los ingresos del sistema energético español en manos foráneas, por desgracia, parece inevitable desde la perspectiva del libre mercado; pero habría de circunscribirse a los proyectos que vayan a mercado, y no deberían obtener un beneficio añadido de las condiciones que ofrece el Estado en las subastas de generación renovable, que aportan una garantía mínima, por exigua que sea, en los retornos de la inversión. Esta cobertura de precios debería de orientarse, fundamentalmente, hacia el tejido local de base PYME”.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, ha elaborado unas propuestas para que en las próximas subastas de generación de energía renovable no se favorezca la concentración desmesurada de la propiedad y se aproveche la oportunidad de redistribuir, al menos en parte, la riqueza solar en nuestro país, un activo que habría de ser priorizado entre las maltrechas economías rurales.
En la última subasta, en 2017, el 90% de los 3.000 Megavatios fotovoltaicos se repartieron entre menos de 30 empresas, y se estima que más de un tercio estaría en manos de fondos internacionales; mientras que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.
La propuesta de Anpier para la subasta de generación renovable se basa en diez puntos fundamentales:
1) Aval reducido de 10.000 €/Mw para instalaciones de menos de 5 MW.
2) Plazos diferentes en función de las tecnologías. En el caso de fotovoltaica, plazo de ejecución de 3 años, con extensión de 6 meses adicionales con penalización.
3) Reserva del 20% de la potencia subastada para proyectos de hasta 5 MW y conectados a tensión de hasta 36 kW.
4) Prioridad para los pequeños proyectos (menos de 5 MW) en el acceso a conexión a red.
5) Prioridad en la tramitación administrativa para proyectos pequeños, que habría de ser simplificada y con plazos de resolución reducidos.
6) Limitar la capacidad obtenida en una subasta a un máximo de un 15% por agente.
7) Información pública y actualizada via web del Ministerio para la Transición Ecológica de la capacidad de las redes de distribución, información que solo conocen las distribuidoras de cada zona y que no comparten, limitando la competencia y libre concurrencia.
8) Cuando se solicite potencia eléctrica en un punto de conexión, la compañía distribuidora debería indicar la potencia que se puede admitir de la propuesta, en el caso de que la solicitud exceda la potencia disponible.
9) Protección de terrenos de uso agrícola, penalizando en la subasta proyectos de más de 5 MW que ocupen suelos de regadío, salvo que el promotor garantice la compatibilidad de ambos usos.
10) Previsibilidad en la celebración de subastas a cinco años vista, con un calendario conocido y con unas condiciones definidas con suficiente antelación.
Las subastas deben ser de energía, responder a una planificación energética previa, no neutrales tecnológicamente hablando, no marginalistas, tener un desarrollo administrativo mínimo y contener cláusulas anti especulación.
El MITECO ha abierto el plazo de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de generación eléctrica.
