SueloSolar
28-7-2014
Carlos Mateu
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Los productores fotovoltaicos españoles discriminados con respecto a los no nacionales que invirtieron en España.

ANPIER pedirá al defensor del pueblo que investigue por qué al gobierno le preocupan tanto las sentencias internacionales y no las nacionales.


El ministro Soria no cesa en sus intentos por complacer a los productores foráneos, mientras ni siquiera recibe a las 62.000 familias españolas

El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, se reunirá mañana, día 29 de julio, a las 12:00 horas, con D. Francisco Fernández Marugán, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo, para avanzar en la vertiente judicial de la reciente recomendación del Defensor del Pueblo, en la que esta Institución solicita "Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía"

La extrema preocupación del Gobierno español con respecto a las demandas internacionales presentadas por los inversores extranjeros, contrasta con la tranquilidad que manifiesta con respecto a los pleitos que cursan a través de la jurisdicción española por idénticas causas, una paradoja que traslada la sensación de que la justicia española fallará en contra de los fotovoltaicos nacionales, mientras que los tribunales de arbitraje internacional sí darían la razón a los fotovoltaicos foráneos que invirtieron en nuestro país.

En este sentido, el diario Cinco Días recogió el pasado día 17 de julio las siguientes afirmaciones: "Algunos despachos de abogados españoles aseguran haber recibido llamadas de los responsables de Industria pidiéndoles que se abstengan de defender en los tribunales a las empresas de renovables, que recurrirán masivamente sus recortes de ingresos. Aun con todo, hay coincidencia al señalar que ni al ministro, José Manuel Soria, ni al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, les preocupan los recursos en España, aunque sí los arbitrajes internacionales.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, realiza ingentes esfuerzos por contentar a los productores extranjeros y, por este motivo, incluso se desplazó a EE.UU y a los Emiratos Árabes; mientras que no ha querido ni siquiera recibir en su despacho de Madrid a los representantes de las 62.000 familias fotovoltaicas españolas.

Anpier pedirá al Defensor del Pueblo que investigue esta sorprendente dualidad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo frente a un mismo hecho, que discrimina a nacionales frente no nacionales; y que inicie estas pesquisas en razón del Artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981, que fija las atribuciones de esta Institución: "El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos"

El presidente de Anpier, Martínez-Aroca, lamenta que, a la luz de estos hechos, "da la sensación de que los productores fotovoltaicos españoles deberemos agotar la jurisdicción nacional como mero trámite, antes de poder solicitar justicia en las instancias internacionales, en este caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y entonces, ya sí, suponer motivo de preocupación para el Estado español".

 

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Presupuestos SueloSolar
Juanjo

Tratado de la carta de la energía

julio '14
Juanjo
El artículo 10 del Tratado de la Carta de la Energía resulta demoledor para el gobierno español.

Se van a caer con todo el equipo.

Desgraciadamente va a costar tiempo. Quien quiera demandar al gobierno, tiene que hacerlo por aplicación de medidas retroactivas de carácter discriminatorio.

Adjunto el artículo en cuestión. Es claro y conciso, sobre todo en su primer punto.

1. De conformidad con las disposiciones del presente Tratado, las Partes Contratantes fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen inversiones en su territorio. Entre dichas condiciones se contará con el compromiso de conceder, en todo momento, a las inversiones de los inversores de otras Partes Contratantes un trato justo y equitativo. Estas inversiones gozarán, asimismo, de una protección y seguridad completas y ninguna Parte Contratante perjudicará, en modo alguno, mediante medidas exorbitantes o discriminatorias, la gestión, mantenimiento, uso, disfrute o liquidación de las mismas. En ningún caso podrá concederse a estas inversiones un trato menos favorable que el exigido por el derecho internacional, incluidas las obligaciones en virtud de los tratados. Toda Parte Contratante cumplirá las obligaciones que haya contraído con los inversores o con las inversiones de los inversores de cualquier otra Parte Contratante.
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