Alemania, España, Retroactividad y Funcionalidad del sistema.
D. Rafael Gil, Presidente de Soningeo Renovables, expone que la fotovoltaica en Alemania, a diferencia de España, ha sido diseñada y está siendo implementada con visión de futuro.
-
★★★☆☆ 3,00 / 5
Estamos inmersos en pleno cambio de paradigma energético y el lobby tradicional del sector eléctrico reacciona en España moviendo los cimientos del Sistema condicionando planteamientos que desde el Poder Ejecutivo atentan contra la propia seguridad jurídica. En Alemania brilla el sol de diferente manera en sus formas y en su fondo.
En Alemania el “constructo” fotovoltaico ha sido diseñado y está siendo implementado con visión de futuro, de forma lógica, coherente, escalonada y consensuada por los actores implicados.
Existe una gran diferencia en la organización de ambos Estados y en cómo instrumentan la creación, desarrollo y protección de un subsector energético clave como el solar fotovoltaico. La principal diferencia radica en que allí está regulado mediante una Ley de Energías Renovables cuya modificación A FUTURO necesita de su aprobación en el Bundestag (Cámara Baja u órgano federal supremo legislativo) y en el Bundesrat (Cámara Alta u órgano de representación de los estados federados). Obviamente, cualquier modificación con carácter retroactivo que pueda cambiar las reglas a mitad de juego es sencillamente implanteable.
Otra cosa bien distinta es cómo se instrumenta políticamente en España donde se regula mediante un Real Decreto. En su origen, los Reales Decretos, tenían una función basada en la practicidad, el Poder Ejecutivo podía tomar decisiones con carácter de urgencia en caso de catástrofes, por ejemplo, porque el contexto así lo requiriera. En cambio, la evolución de los actuales Sistemas Democráticos ha desvirtuado la funcionalidad de esta “arma política” ejecutiva.
En España, cada vez más, el Poder Ejecutivo se está tornando con un marcado carácter presidencialista y a efectos prácticos los Órganos Legislativos han perdido cierto poder frente a los Órganos Ejecutivos, esto es así en la mayoría de Sistemas Democráticos Occidentales. Fiel reflejo de este planteamiento es el anunciado Pacto de Estado de la Energía, que se está guisando entre Gobierno y principal Partido de la Oposición mientas CIU y el resto del arco parlamentario solicitan que se analice y articule todo en Subcomisión Parlamentaria creada al efecto.
Tomando como base el argumento anterior obtenemos un “panorama” totalmente diferente del trato que da Alemania a los necesarios cambios en la regulación que enmarca al Subsector fotovoltaico en donde existe un mayor control por parte del Poder Legislativo.
En España, el Senado no tiene ningún tipo de fuerza, otra de las grandes cuestiones pendientes que ningún Partido Político tiene la intención de cambiar por el coste político y la visión cortoplacista, es la reforma tanto del Senado como de la Ley Electoral. Cosa bien distinta ocurre en Alemania dónde el Bundesrat puede vetar al Bundestag (el senado puede vetar al parlamento, por intentar encontrar un símil aunque técnicamente no es así en la práctica si se puede plantear).
Aplicando lo anteriormente expuesto al caso que nos ocupa, el Bundestag quiso aplicar reducciones A FUTURO a las primas a la solar fotovoltaica y el Busdesrat lo impidió creando una comisión de investigación para profundizar en las necesidades del sector y evaluar si esas reducciones eran soportables.
No sólo se trata del cuánto sino del cómo. Ambas se ponderan de forma consensuada, planificada y coherente con la evolución de los costes de aprendizaje de la tecnología.
Recordemos que en España estamos técnicamente intervenidos por instancias internacionales. No gobierna la coherencia ideológica sino la racionalidad económica, lección que ha debido aprender recientemente el Presidente del Gobierno. Al sistema financiero internacional y a la Administración Obama le preocupa en muchísimo menor grado que se reduzcan los salarios de los funcionarios o se reduzcan las pensiones temporalmente o se abarate el despido. A ambos actores, vehiculados por intereses comunes que responden a una política gobernada por la economía, lo que les preocupa es que mines sus intereses quebrantando el Principio de Seguridad Jurídica, nada menos.
Y no hay “vestido político” capaz (ni siquiera mediante un Pacto de Estado de la Energía) de disfrazar la retroactividad frente a la UE, EEUU (presidencia, vicepresidencia y embajada, que no es poco), sistema financiero internacional y nacional. En el momento que toquen las instalaciones en funcionamiento podrán llamarlo “propio” o “impropio” o como quieran pero las cuentas no les salen a los afectados, fuertemente respaldados por actores del calado de la Administración Obama o por el mundo financiero que es ante quien se tiene justificar estas semanas el propio Presidente del Gobierno para que compren deuda española. Los mismos que amenazan con acciones jurídicas de consecuencias devastadoras para todo el sistema.
EL SISTEMA NO LO PUEDE SOPORTAR. Para que un TODO conformado por las partes funcione, las PARTES no pueden ir a ritmos asincrónicos y menos en una realidad que se substenta sobre los vasos comunicantes inherentes al poder político y económico.
Dicho Pacto de Estado la Energía intenta desprender un aroma de "supuesto acercamiento" para el bien común y todos podemos inferir de ello la lucha de los diferentes lobbies del sector por ubicarse en la nueva reestructuración. El lobby gasista tiene muchísimo poder, el nuclear también pero la Unión Europea y su famosa Directiva "20-20-20" (de obligado cumplimiento para los estados miembros) es la principal señal identificadora de que nos encontramos en pleno cambio de paradigma energético. Eso es así y los lobbies tradicionales del sistema eléctrico español lo saben. De ahí sus constantes ataques sesgados hacia las renovables, realmente es la única arma que tienen para negociar cuánto van a abarcar en su nueva ubicación.
¿Por qué?
La respuesta está en que el ritmo de crecimiento de la fotovoltaica (y del resto de renovables) experimentado hasta el momento proyectaban un mapa energético español en el que salían muy perjudicados ciertos poderes tradicionales del sistema eléctrico.
El peligro no estaba para ellos en lo que actualmente se va a negociar (o se está negociando) sino en la proyección que el ritmo de crecimiento mostraba.
Lo que necesitaban para a este sector ya lo tienen desde hace año y medio: PARARLO. Por lo tanto lo que dice el Ministerio que necesita de este sector ya lo tiene desde hace tiempo.
El daño a este sector ya está hecho desde Septiembre de 2008, el “stop and go” en el que estamos inmersos es el indicador más claro en el que podemos ver reflejado el no poder planificarnos empresarialmente, parón de proyectos, de financiación, despidos, deslocalizaciones...
La Equifinidad es una característica de los sistemas abiertos que afirma que los resultados finales se pueden lograr con diferentes condiciones iniciales y de maneras diferentes. Para las organizaciones complejas, como es un SISTEMA DEMOCRÁTICO, implica la existencia de una diversidad de entradas que se pueden utilizar y la posibilidad de transformar las mismas de diversas maneras y es aquí donde entran los INTERESES (canalizados mediante lobbies, por ejemplo).
El SISTEMA se va retroalimentando constantemente cuando las partes se interrelacionan entre ellas y con el contexto.
El circuito de retroalimentación tiene 4 partes:
1-Los estímulos producidos por los intenciones de los gobernantes entre los ciudadanos,
2-Las respuestas-reacciones de los mismos,
3-La comunicación a los gobernantes de las informaciones relativas a aquellas respuestas,
4-Las nuevas y distintas decisiones tomadas por los gobernantes como respuesta a la reacción de los ciudadanos.
Resumiendo y aplicándolo al caso que nos ocupa:
Para solventar la problemática del Déficit de Tarifa del subsistema eléctrico y a su vez no dañar la fluidez de otros subsectores así como el sistema total hace falta que las medidas que se tomen no alteren la FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA.
En otras palabras: SIN SEGURIDAD JURÍDICA NO HAY DINERO. Pero sobre todo sin seguridad jurídica NO HAY CREDIBILIDAD, algo necesario para subsistir como País. Muy por encima de las renovables y de los pesos pesados del sistema eléctrico español.
La INSEGURIDAD JURÍDICA AFECTA A LA TOTALIDAD DEL SISTEMA. Por eso debería estar por encima de los intereses de unos y otros.