La contraoferta de AEF a la amenaza de la retroactividad fotovoltaica del MITYC.

Rueda de prensa informativa sobre la propuesta fotovoltaica al Ministerio de Industria. Madrid, 27 de mayo de 2010
Intervención de Juan Laso,presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica

Señoras y señores, muy buenos días a todos.

Como presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica, quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia en esta rueda de prensa.

De entrada, debo darles muy especialmente las gracias por el interés y la atención que vienen prestando a la industria solar fotovoltaica española. Recibe tantas críticas del resto de agentes energéticos españoles como encendidos elogios de la inmensa mayoría de expertos mundiales, que la consideran casi por unanimidad una de las claves estratégicas para el modelo energético del siglo XXI.

La última la de Nabuo Tanaka, director de la Agencia Mundial de la Energía, quien asegura que entre el 20% y el 25% de la electricidad del mundo podría tener origen solar en 2050.
Hemos convocado esta rueda de prensa para resumirles y explicarles la posición de AEF alrededor de la próxima modificación regulatoria. Es necesario que tratemos de explicar bien los hechos y desenmascarar la retahíla de falsedades y medias verdades esparcidas por agentes interesados en que no se contemple la autentica realidad de este sector.

La AEF hace un planteamiento serio, basado en estudios profesionales objetivos, que deberían rebatirse en su caso con estudios de similar nivel de profundidad.

Para la energía solar fotovoltaica, solicitamos un cambio normativo dirigido a la puesta en marcha de un sistema de concursos para nuevos proyectos que sustituya el actual de cupos y asignación por antigüedad.

Se trata de que el Ministerio fije un techo o precio máximo, y que a partir de ahí se compita. Creemos que un sistema como éste, más flexible, que valora las condiciones tecnológicas y el coste del kilovatio hora, que apoya la eficiencia y prima la calidad y solidez de los proyectos, permitirá por la propia competitividad creada, un sustancial abaratamiento de las tarifas, lo que podría suponer un descenso superior al 25% sobre los precios actuales.

Apoyamos también que se incentive el autoconsumo fotovoltaico en cubiertas. Para conseguirlo, hace falta agilizar la concesión de puntos de conexión, las autorizaciones administrativas y el tiempo que las distribuidoras se dan para conectar estas instalaciones a la red.

Asimismo, demandamos del Ministerio una declaración inequívoca de apoyo a la industria fotovoltaica española, y que despeje de una vez y para siempre cualquier atisbo de duda sobre la no aplicación de la retroactividad en el sector, mediante una declaración expresa de que no realizará ningún cambio en el régimen económico de las instalaciones actualmente en operación, construcción o preasignación.

La incertidumbre regulatoria tiene paralizados más de 10.000 millones de euros en nuevos proyectos, tanto fotovoltaicos como de otras tecnologías renovables. Se trata de una cifra significativa, en un momento en que la inversión pública está cayendo y todos los apoyos son pocos para crear empleo e impulsar el crecimiento del país.

Es cierto que el ministro declaró eso mismo en Bruselas el pasado 26 de abril, cuando dijo, y abro comillas, “la palabra retroactividad nunca se ha considerado”, pero desde entonces sus colaboradores han matizado y difuminado tanto esa declaración que nadie sabe a qué carta quedarse en esta materia.

En la Asociación Empresarial Fotovoltaica hemos recabado dictámenes jurídicos a despachos de reconocido prestigio, entre otros, Clifford Chance, Equipo Económico, etc. que avalan que la retroactividad es contraria a derecho.

Si llegara a aplicarse la retroactividad contra el sector fotovoltaico, se situaría bajo mínimos la credibilidad del Reino de España entre los inversores nacionales y extranjeros, y dañaría, quizá de forma irreversible, la imagen de nuestra política económica ante los mercados internacionales.

Para corregirlo, nada como que el ministro se ratifique en su declaración de Bruselas, e incluso que la amplíe hacia el futuro en algo parecido a: “la retroactividad nunca se ha considerado ni va a considerarse en adelante en ninguna de sus formas. España es un estado de derecho y no atacará derechos reconocidos y consolidados”. Es decir, no se va a cambiar el régimen económico a proyectos en operación, construcción o que ya han sido preasignados.

Creo que la confianza legítima que los ciudadanos y los inversores deben sentir hacia el Gobierno ha de mantenerse intacta.

A la espera de esa aclaración pública, les recuerdo que el Ministerio de Industria nos convocó a las diferentes asociaciones sectoriales renovables el jueves 6 de mayo. Nos planteó un diálogo para encontrar soluciones consensuadas a los problemas del sistema eléctrico español.

En AEF nos parece una iniciativa plausible. Hemos aceptado la oferta; colaboramos con una propuesta exhaustiva y muy meditada, y mantenemos una total predisposición al diálogo, a encontrar puntos de acuerdo y a sentar las bases para un nuevo modelo energético a largo plazo.

A esta convocatoria del Ministerio, nosotros respondemos pronta y positivamente con una segunda batería de propuestas relacionadas con distintas ineficiencias del sistema regulatorio del sector eléctrico. Ninguna de esas ineficiencias es achacable a las renovables. En su conjunto podrían suponer un ahorro aproximado de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales, con lo que se neutralizaría, además, el incremento de coste del sistema que algunos achacan exclusivamente a las renovables.

Hasta ahora se ha querido hacer ver que el único problema del sistema eléctrico español son las renovables. Se dice y se repite con una insistencia digna de mejor causa que los más de 6.000 millones recibidos en primas por el régimen especial eléctrico en 2009 son inasumibles. Es falso.

De entrada, las plantas de cogeneración con gas, reguladas bajo el régimen especial, pero no renovables,  recibieron el año pasado unas primas equivalentes de 1.144 millones de euros, casi el 20% de las primas de todo el régimen especial.

Las tarifas recibidas por las renovables ascendieron, pues, a algo más de 5.000 millones de euros el año pasado (y por tanto no 6.000). A esta cifra todavía habría que restarle los más de 2.000 millones de euros anuales de ahorros directos que las renovables aportan al sistema eléctrico anualmente.

La mayor penetración de las renovables colaboró de  forma significativa en impedir que las centrales de gas que son más caras, hayan marcado precio en el sistema. Este efecto ha dado lugar a que el año pasado el precio medio descendiera de 66 a 38 euros por megavatio hora, un 42,3% menos.

Este importante descenso, que compensa sobradamente la totalidad de las primas recibidas por las renovables y genera un substancial excedente, sin embargo no ha sido reflejado en la reducción del déficit. Esto representa otro claro ejemplo de las ineficiencias a las que hemos hecho referencia.

Con el sistema actual, las renovables abaratamos el coste de la energía eléctrica. El problema no somos las renovables, sino saber por qué no se traslada al “recibo de la luz” el ahorro que las renovables ayudamos a conseguir en el precio del mercado mayorista de la electricidad, el pool.

Para el caso concreto de la energía solar fotovoltaica, según nuestro análisis, y de mantenerse el sistema eléctrico actual, alcanzará su tarifa de equilibrio a partir de 2011; es decir, el coste que recibe vía tarifas se compensará a partir de entonces por los ahorros que genera al propio sistema eléctrico.

Dicho de otra manera, la nueva energía fotovoltaica instalada a partir de 2011 no tendría coste para los consumidores, por cuanto los ahorros generados al sistema eléctrico por la fotovoltaica equivaldrían a las primas a recibir.

El único requisito para alcanzar ese coste cero sería un precio medio del gas similar al medio de los dos últimos años, un ejercicio hidráulico y eólico normal, y que el consumo eléctrico se mantuviera estable o con un leve incremento. Como ven, hipótesis, todas ellas, bastante razonables e incluso conservadoras.

En esas condiciones, la tarifa de equilibrio fotovoltaico rondaría los 200 euros por megavatio hora, una tarifa a la que los nuevos proyectos podrían llegar el año que viene si se ponen en marcha las medidas propuestas por AEF.

A eso habría que añadir los 8.200 millones de euros que la fotovoltaica aportará hasta 2012 sólo entre contribuciones a la Seguridad Social, impuestos de Sociedades y de la Renta, tasas locales, ahorro de combustibles fósiles y derechos de emisión. Un balance más que gratuito para el consumidor y la Administración, y que a la vez siembra empleo, exportación, desarrollo y riqueza.

En el sistema eléctrico actual, las primas a las renovables resultan visibles, transparentes y fáciles de calcular, además de necesarias. Ahora bien, coexisten con ellas excesos de retribución a centrales nucleares o hidroeléctricas (los llamados windfall profits, o beneficios caídos del cielo) muy difíciles de detectar, salvo por expertos, y que carecen ya de cualquier justificación económica.

A eso todavía hay que añadir los costes de transición a la competencia, los famosos CTCs. El grueso del déficit tarifario se debe a esas sobrerretribuciones no justificadas al régimen ordinario. Echarle la culpa al único factor visible del sistema resulta totalmente injusto y perjudica al consumidor.

El déficit tarifario se debe en mucha mayor proporción al régimen ordinario que al especial. No vale con que ahora pretendan endosárselo al último en llegar, porque su génesis viene de 1997, y entonces ni siquiera había renovables. El déficit, o la aparentemente necesaria subida del “recibo de la luz” no es achacable a las renovables, sino a las propias ineficiencias de este sistema.

Entre las conclusiones presentadas en nuestra propuesta, señalamos que “carece de sentido imputar el déficit tarifario y su evolución a una sola familia de costes. Se trata de identificar el foco de la insostenibilidad económica del sistema, para lo que resulta necesario buscar los focos entre aquellas actividades donde, por decisiones regulatorias ex/post, se generan beneficios injustificados de manera inesperada, y entre aquellas otras cuyo valor añadido resulta casi nulo, y que aun así introducen altos costes en el proceso de suministro de electricidad al consumidor final”.

En ese cruce de actividades, la energía fotovoltaica se ha convertido en todo el mundo en un vector esencial de las políticas energéticas. En España somos un sector industrial consolidado y referencia mundial. La industria solar aglutina a pymes y grandes empresas, comprende toda la cadena de valor y acumula inversiones por 23.000 millones de euros. Somos una de las industrias que más invierten en I+D+i, una media del 7% de la facturación, y componemos un tejido industrial minifundista, repartido por todo el país, con más de 51.000 instalaciones que crean empleo local y riqueza.

Para terminar, la Asociación Empresarial Fotovoltaica tiene confianza en el proceso actualmente abierto de conversaciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y espera que como resultado de dichas conversaciones se pongan en marcha las medidas oportunas, una vez oídas a todas las partes implicadas, que permitan la compatibilidad entre la necesaria reducción del déficit tarifario y el mantenimiento imprescindible, por sus positivos efectos a medio y largo plazo para este país, de la Política Energética del Gobierno de apoyo a las energías renovables.

Muchas gracias.