Diez reacciones de los productores fotovoltaicos frente al nuevo Real Decreto-Ley de medidas urgentes para adaptación de parámetros retributivos de las instalaciones renovables.

Son muchos años de normas retroactivas, y de injustos juicios ante el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Supremo, y Tribunal de Justicia Europeo.

El gobierno socialista prometió restaurar la seguridad jurídica, pero lo que realmente quiere es comprar el silencio y el dolor de los productores fotovoltaicos.

La estrategia del gobierno socialista, [tras sopesar sus numerosas derrotas en los laudos arbitrales] es la siguiente: Lograr que renuncien los productores fotovoltaicos a cualquier tipo de procedimiento judicial a cambio de mantener la retribución fotovoltaica del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos durante 12 años.

Los productores fotovoltaicos al aceptar este insinuante chantaje de forma completamente voluntaria, acepta no reclamar en sede judicial europea los daños sufridos en la retroactividad fotovoltaica. Decimos europea porque solo les queda a los fondos internacionales este derecho. A los españoles se les acabó este camino judicial en el año 2016, tras las injustas sentencias del Tribunal Supremo.

El gobierno socialista propone un pacto injusto... pero que divide al sector fotovoltaico en dos mitades.

Las reacciones de los productores fotovoltaicos a este nuevo Real Decreto-Ley son las siguientes:

1.- El gobierno socialista sigue la anterior senda marcada por el Partido Popular, que solo beneficia a las Grandes Eléctricas.

2.- El gobierno socialista mantiene los recortes retroactivos, obligando a los productores fotovoltaicos internacionales a renunciar a los litigios que tiene entablados.

3.- El citado Real Decreto Ley omite que sucede con las reclamaciones del injusto 7% del Impuesto de electricidad.

4.- El gobierno debería ser consciente del daño que ha hecho a las familias productoras de energías renovables, con decenas de leyes retroactivas. Todos los productores se han visto obligados a tener que aprender Derecho, para poder entender la injusta situación que padecen.

5.- El gobierno, ante este atentado a la seguridad jurídica, debería prolongar la vida útil de las instalaciones, para que este atropello termine siendo rentable.

6.- El gobierno piensa que con el citado Real Decreto Ley, el sector fotovoltaico español les ha de dar las gracias, tras renunciar a lo robado.

7.- Existe un elevadísimo temor a que los abogados expertos en energía solar fotovoltaica terminen ganando los pleitos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que por aceptar desistir de los procedimientos judiciales, jamás se recupere lo robado en sede nacional.

8.- El gobierno español con la promulgación de este Real Decreto Ley obliga a renunciar a su "posible" derecho de defensa jurídica, ante el temor de amenazas, coacciones, o castigos.

9.- Este Real Decreto Ley del Gobierno socialista es un anestésico para no seguir preocupado con los próximos robos que surgirán, pero no restaura la seguridad jurídica, ni la confianza de las inversiones.

10.- Todos los laudos arbitrales apoyan la seguridad jurídica de los inversores en energías renovables. El Gobierno socialista es consciente de las derrotas. Su juego es comprar las almas de los inversores, y "lavar" su negra conciencia.

Suelosolar, -desde el año 2007- como portal web de noticias,  viene protegiendo los derechos de los productores fotovoltaicos. Prueba de ello es que creó la prestigiosa ANPIER que ha logrado dar voz en el Ministerio de Industria y Energía, al sector productor.

Como portal informativo del sector fotovoltaico, opinamos que este Real Decreto Ley es un nuevo chantaje a la inteligencia.

El poder ejecutivo es el responsable de la ruina y la estafa del sector de las energías renovables, y por lo tanto debe enmendar el daño de otra forma más respetable.

El Gobierno tras quebrantar los principios constitucionales de la seguridad jurídica, el de la confianza legítima de las inversiones,... lo que hace con este Real Decreto Ley, es comprar tu derecho (también constitucional) a la tutela judicial efectiva.

¿Qué se puede esperar de los Gobiernos españoles?. Nada... Solo la violación continuada de tus derechos más fundamentales.

El Gobierno español desea darnos las gracias por haberles dejado todos estos años "meternos mano" [cuando les ha apetecido], y por sonreírles alegremente, renunciando a las reclamaciones judiciales internacionales.