¿Qué opinan los expertos energéticos sobre la carretera eléctrica pública de Chile?
EL proyecto de carretera eléctrica pública, lanzado por el Gobierno de Chile genera muchas críticas desde las asociaciones ambientalistas y de los expertos en el sector.
La posición de organizaciones ambientalistas y de los expertos es bien contraria al proyecto de una carretera eléctrica pública, que no consideran idóneo y piden ser consultados, al igual que el sector privado, cuyos criterios se están considerando en la revisión por La Moneda.
Mientras, este proyecto siembra dudas y hace que integrantes del sector renovable, como Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, opine que “el proyecto de ley acelera las concesiones eléctricas y pretende favorecer los negocios del sector, en particular de las cuatro empresas que lo concentran, Endesa, Colbún, Gener y Suez. Claramente la sociedad chilena cambió frente al tema energético. Continuar con una matriz compuesta en 60% por electricidad obtenida desde termoeléctricas o llegar a la opción nuclear no son alternativas sociales y viables políticamente”.
En este sentido, la ambientalista critica la iniciativa anunciada por el Gobierno y refuta las palabras del ministro de Energía, Jorge Bunster, afirmando que la carretera eléctrica no fomenta el uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC): “Las líneas que están definidas en este estudio de transmisión troncal que está en licitación, se refieren a líneas de 500 KV, es decir de alta tensión. Y todos los proyectos ERNC van entre 23 KV y 110 kv, por lo tanto, no son posibles de ingresar en esta línea, salvo que se establezcan estaciones secuenciadoras que permitan bajar desde alta tensión a baja o media tensión. Claramente, este proyecto de ley no sirve para las Energías Renovables No Convencionales”.
De ser así, se plantean interrogantes que de momento no tienen respuesta: ¿ quién beneficia realmente este proyecto? ¿servirá para disminuir el precio de la luz.
Por ello indican la necesidad incluir a ciudadanía y regiones en la consulta sobre este proyecto. Lo contrario podría provocar contestaciones en la calle como ya ha ocurrido en otros casos.
Por su parte, el diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, opina que “Ciertamente lo que uno ve en esto es que se le está facilitando el actuar al sector privado, cualquiera sea éste. Por cierto que lo fundamental es saber si esa carretera eléctrica va a tener como prioridad las Energías Renovables No Convencionales o las centrales hidroeléctricas de pasada, que no son grandes inundaciones”.
Los integrantes de la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria de Energía (CCTP) también están preocupados por la falta de información sobre proyectos de carácter energético por lo que los consideran “preocupantes”. Además, quieren instar al ministro de Energía, Jorge Bunster, a cumplir con las promesas de apoyo gubernamental a Ley de Energías Renovables. También denuncian que el Gobierno está excluyendo al sector más crítico de la discusión nacional sobre una estrategia energía.
En concreto, el director de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, sostiene que “el Gobierno está promoviendo iniciativas como la carretera eléctrica y la ley de concesiones, que de aprobarse beneficiarán exclusivamente al oligopolio que controla la generación y transmisión en Chile”.
Asimismo, Flavia Liberona, directora Ejecutiva de Fundación Terram y miembro de la Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria (CCTP) recalca que “la Carretera Eléctrica y Aceleración de Concesiones (Fast Track), beneficiará sólo a los sectores empresariales que negociarán con ella.” Y respecto de esos proyectos energéticos, la directora de Terram señala que “son proyectos poco democráticos que no van a solucionar los temas de generación eléctrica en el país, de transmisión. Nos parece complejo, son iniciativas que han sido poco debatidas y básicamente lo que tuvimos fue un intercambio de opiniones y nos vamos con la sensación de que no hay ningún cambio en la política eléctrica del Gobierno y que es más de lo mismo. El compromiso de él fue entregarnos el proyecto para que lo revisemos, una vez más vamos a tener que trabajar contra el tiempo, y él se comprometió a recoger las observaciones que le parecieran y el resto podríamos seguir discutiendo en el Parlamento”.
Por su parte, Roberto Román, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, señala que el proyecto es beneficioso para los empresarios y no para los ciudadanos, quienes pagan hoy la energía más cara del continente. Además, afirma que “Lo que necesitamos es un sistema troncal robusto, que permita ir incorporando renovables que existen a lo largo de todo el centro de nuestro país, desde la zona del canal de Chacao hasta la zona de Copiapó, para mover grandes bloques de energía, de manera de incorporar fácilmente la hidráulica, mini hidros, geotermia y eólica que hay en la parte central y sur del país, lo mismo que biomasa. También ya yendo desde la zona central hacia al norte, incorporar los grandes bloques de energía solar y eso significaría un rediseño del sistema interconectado central”.
Y es que lo que más oposición genera en este proyecto es su alto grado de concentración económica, por lo que lo califican de “salvavidas” para financiar con fondos públicos la transmisión de los grandes proyectos termoeléctricos en el norte e hidroeléctricos en el sur, lo que cuenta con una gran desaprobación ciudadana.
De momento, el parlamentario se mostró de acuerdo con que tienen que ser consultados todos los actores, para no sembrar un manto de duda sobre los fines de este proyecto.