Reino Unido vuelve a ser un País serio con seguridad jurídica fotovoltaica.

El Tribunal Supremo ha desestimado integramente el intento del Gobierno inglés de apelar el fallo de que sus acciones en los recortes de las tarifas fotovoltaicas para las nuevas instalaciones eran ilegales.
La decisión del Alto Tribunal ha sido unánime tanto en la Corte Suprema, como en la Corte de Apelaciones.
De este modo se ha logrado impedir al Gobierno que reduzca antes de tiempo las tarifas de retribución fotovoltaica.
Según la normativa vigente existe un período de consulta que el Gobierno pretendía incumplir.
El Alto Tribunal además de defender la necesaria seguridad jurídica que ha de regir para ser considerado "serio" ha defendio los miles de empleos verdes que se encontraban en elevada situación de riesgo.
Por consiguiente los inversores pueden confiar en la Justicia de Reino Unido ya que tajantemente ha impedido que este Gobierno pueda cambiar las tarifas fotovoltaicas previstas de forma retroactiva para las nuevas instalaciones.
Hemos de reconocer que el daño en Reino Unido ya está hecho, ya que en el iter de estas reclamaciones judiciales se han destruido miles de empleos verdes. En el año 2.011 el tejido industrial alcanzaba los 36.000 puestos de trabajo. A día de hoy desconocemos cuántos puestos de trabajo verdes quedan en pie tras las intervenciones ilegales del Gobierno.
Por lo tanto, tras la decisión del Alto Tribunal, cualquier instalación solar conectada a red antes del 3 de marzo de este año reúne los requisitos para obtener una tarifa retributiva mayor que la que el Gobierno de forma ilegal pretendía imponer.
Según lo declarado por el Tribunal de Apelación, la normativa ilegal retroactiva pretendía que a partir del 12 de diciembre del 2.011 no se aplicara la tarifa fotovoltaica prevista para las nuevas instalaciones, sino la determinada ilegalmente por su Parlamento.
Es de agradecer la defensa de la legalidad y de la seguridad jurídica promovida por Solarcentury, Amigos de la Tierra y HomeSun
Como ya noticiamos en su día el Tribunal Supremo dictaminó el pasado 21 de diciembre que la propuesta del Gobierno de reducir los pagos de cualquier sistema de energía solar con posteroridad al día  12 de diciembre de 2011, sencillamente era ilegal.
Mr. Jeremy Leggett, Presidente, Solarcentury, ha manifestado que: "El Tribunal Supremo ha confirmado hoy que el Gobierno -simplemente- no tiene motivos para apelar la decisión de que su actuación en las tarifas de la energía solar fotovoltaica es ilegal. Habiéndo finalizado este proceso legal, he de decir que se ha desperdiciado mucho tiempo y dinero en estos trámites. Lo que la industria de las energías renovables quiere es seguir adelante con la creación de nuestro futuro de energía limpia. Las energías renovables sólo puede jugar su papel fundamental ofreciéndo una nueva economía verde, si tenemos un mercado estable que genere la suficiente confianza a los inversores dentro del respecto de la seguridad jurídica y de la predecibilidad de la norma. La Política energética de un País ha de evitar el riesgo regulatorio. Espero que al Gobierno le quede claro que no puede actuar de manera ilegal amenazándo a todo un sector con cambios ilegales. Preferiríamos no haber tenido que acudir a la vía judicial, pero los ministros no nos han dado ninguna otra opción. De ahora en adelante esperamos poder trabajar de nuevo con el Gobierno para restaurar este próspero sector creador de puestos de trabajo y rico en energía solar que ha sido tan debilitado por las acciones del Gobierno ".
La desestimación de la interposición del citado recurso de apelación, confirma la decisión del Alto Tribunal de Apelación que a principios de este año,  rechazó el recurso del Gobierno contra la sentencia del Tribunal Supremo de que los recortes prematuros a los fondos fiduciarios para la energía solar fotovoltaica eran ilegales.
La capacidad de energía solar fotovoltaica instalada en el Reino Unido a principios de este año, ascendía a 1 Gw, siendo el objetivo del Gobierno para el año 2020 el de 20 GW.
Antes de la promulgación del régimen retributivo fotovoltaico en el Reino Unido tan sólo se contaba con 26 MW de energía solar.