La Ley de Cambio Climático reforzará las políticas climáticas pese a la insuficiencia de algunos objetivos

La Ley de Cambio Climático y transición energética aprobada en el Parlamento representa una herramienta imprescindible para impulsar la transición ecológica en la sociedad, además de dotar de cobertura legal a múltiples políticas y medidas programadas que, como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), ya se estaban poniendo en marcha por el Gobierno. Esta norma recoge muchos instrumentos y metas para afrontar la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, cumpliendo además con el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050.

También es una oportunidad, en opinión de CCOO, para avanzar en un nuevo desarrollo económico y social respetuoso con el medioambiente y los límites del planeta. De hecho, junto a la oportunidad que representa el Fondo de Recuperación y Resilencia Europeo, debe contribuir a la creación de empleo. El propio texto señala que con las medidas, propuestas e inversiones que se recogen se deben “generar entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos en sectores como las energías renovables, la rehabilitación y eficiencia energética o la movilidad sostenible”.

Entre los contenidos de la ley que suponen un avance significativo en el compromiso político ante la emergencia climática y dotan de amparo legal a los planes y medidas que se deben desarrollar, están la obligación de contar con un Plan de rehabilitación energética de viviendas, con planes específicos para el biogás, el biometano o el hidrógeno; dotarse de una estrategia para el desarrollo de las mercancías por ferrocarril con objetivos concretos de penetración; el impulso al ferrocarril también para viajeros, o la previsión en 12 meses de una reforma del marco normativo de la energía, encaminada a la mayor participación de los consumidores y al impulso de la energía renovable distribuida, variable y flexible.

Pero también hay que tener en cuenta la planificación de las políticas económicas y sociales con los recursos necesarios para atender a los trabajadores y trabajadoras que se van a ver afectados por procesos de transición vinculados con la naturaleza de sus actividades, afectando ya a las relacionadas con la minería del carbón y térmicas pero que afectará a más instalaciones y sectores. No dejar a nadie atrás.

Para CCOO es muy importante el reconocimiento, en esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la demanda sindical de una la transición justa para las y los trabajadores involucrados por los cambios, a través de la aprobación de medidas y estrategias de transición justa que se actualizarán cada 5 años, y los planes de actuación, instrumento fundamental en el compromiso político para dinamizar la económica de los territorios en transición. 

No obstante, para CCOO el texto final tiene insuficiencias relevantes como la falta de ambición en los objetivos de reducción de emisiones (un 23% para 2030) que está muy por debajo, incluso, de los objetivos europeos (-55%). Esperamos que en la revisión que prevé la ley para 2023 se corrija esta insuficiencia de objetivos globales. Echamos en falta también que no se haya incluido el mecanismo de los presupuestos de carbono por sectores que delimitan los límites de emisión por sectores, que está funcionando en otros países, y que se haya pasado de puntillas sobre un tema que debe jugar un papel relevante en las políticas ambientales y energéticas, como es la fiscalidad ambiental que además tiene especial importancia en los denominados sectores difusos como el transporte. También consideramos que se tratan escasamente las medidas relacionadas con los sectores de agricultura y ganadería.

Más allá de todo ello, y a la espera de las estrategias y normativas que acompañarán a esta ley, CCOO saludamos la primera ley climática que ha conocido nuestro país, valoramos este paso como transcendente para la planificación y la determinación de políticas para la descarbonización de la economía en España alineando a nuestro país en la senda de un desarrollo social, económica y medioambientalmente sostenible.