ASIF acude al Congreso de los Diputados para fomentar la fotovoltaica en España.
Javier Anta, presidente de la Asociación, comparece hoy ante la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años, para solicitar apoyo a la tecnología y abogar por el autoconsumo.
Javier Anta, presidente de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), ha sido convocado por la Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años a comparecer hoy ante ella con el objeto de exponer su visión sobre la evolución de la energía solar fotovoltaica en España.
Anta centrará su intervención en dos ideas básicas: la necesidad de mantener el apoyo público a la tecnología hasta que alcance la plena competitividad con el resto de fuentes de energía, y la importancia del autoconsumo, un elemento clave para alcanzar dicha competitividad a mediados de la presente década.
El autoconsumo consiste en permitir que los consumidores generen su propia energía con paneles solares en lugar de adquirirla a su suministrador habitual. Su implantación en España permitiría aumentar un 35% el volumen del mercado fotovoltaico español sólo hasta 2020, que pasaría de 11,5 GW a 17 GW aproximadamente, según el análisis realizado por KPMG para ASIF.
Con esos 17 GW, la contribución del sector fotovoltaico español al PIB llegaría hasta los 5.800 millones de euros (el 0,28% del PIB) y se alcanzarían más de 50.000 empleos directos. La dependencia energética se reduciría hasta un 5%, y el pico de demanda eléctrica hasta un 6%. Se ahorrarían unos 2.500 millones de euros en pagos por emisiones de CO2 y se facilitaría la consecución de los objetivos ambientales y de penetración de las energías renovables de 2020.
Además de estos positivos datos macroeconómicos, los consumidores podrían ahorrarse mucho dinero en el recibo de la luz directamente: con un balance energético anual, el autoconsumo en el mercado residencial estaría entre el 60% y el 80%, mientras que en el mercado comercial/industrial, estaría entre el 30% y el 50%.
Todas estas ventajas se conseguirían sin aumentar el volumen de ayudas públicas ya asumido por la regulación vigente y sin afectar a los agentes regulados del sistema eléctrico.