A los dos años de estar las plantas fotovoltaicas instaladas se inició un carrusel de recortes retroactivos cuyo resultado ha sido una merma sin precedentes de los ingresos que el Estado había garantizado a estas instalaciones.
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Uno de los puntos más críticos que mencionó López fue el respeto por la consulta previa, un derecho fundamental reconocido en la Constitución colombiana, especialmente en lo que respecta a los grupos indígenas y afrodescendientes.
Preocupación por el Reglamento sobre residuos de paneles solares.
