Situaciones imprevisibles e inevitables que modifican las circunstancias iniciales del contrato y pueden suponer situaciones de incumplimiento, más allá de la fuerza mayor.
Aplicación de la normativa puede ser causa de conflictos, sobre todo cuando el servicio se ha mantenido pero ha supuesto importantes sobrecostes para el suministrador, aplicando el principio de buena fe para el cumplimiento del servicio.
Necesidad de objetivar el impacto negativo en la parte afectada para determinar la potencial onerosidad.
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