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Chile adjudicará para renovables 200 terrenos fiscales como concesiones onerosas.

4-10-14. Juan J. Alcolado
sábado, 4 octubre 2014.
Juan J. Alcolado
Chile adjudicará para renovables 200 terrenos fiscales como concesiones onerosas.
El gobierno atiende el empuje del interés inversor y busca ampliar hasta el 20% en 2025 la participación de las renovables en la matriz energética con 24.868 Hectáreas que permitan instalar 3.600 MW de generación.

Víctor Osorio, ministro de Bienes Nacionales, ha declarado en entrevista televisiva que se ha llevado a cabo la firma de convenio con el ministerio de Energía a fin de buscar y adjudicar 200 terrenos y así dar cauce a las solicitudes de inversión  en ENRC (Energías Renovables No Convencionales).

No en vano en lo que va de año hasta 31 de agosto ya han sido autorizados o adjudicados 88 proyectos, por encima de los 74 proyectos puestos en marcha por el anterior gobierno en toda su legislatura.

Ha puntualizado la voluntad de apoyar y propiciar estas inversiones  por la positiva contribución al desarrollo social del país que precisa del crecimiento energético y que éste sea sustentable.

Según ha indicado, la intención del gobierno es conjugar interés y respeto hacia las comunidades de la ciudadanía, preservando el territorio fiscal de forma compatible con la cooperación público-privada.

Ha señalado la prioridad que constituye la ausencia de conflictos con las comunidades locales para lo cual se planea avanzar en mejorar las políticas territoriales.

Geográficamente, la práctica totalidad de los terrenos se ubicarán en el norte del país, abarcando las cuatro primeras regiones, desde Arica y Parinacota hasta Atacama.

Los terrenos serán entregados para su administración y gestión durante 30 años a empresas privadas para el desarrollo de proyectos de ERNC, a cambio de una renta concesionaria.

En cuanto a las inversiones relacionadas con esos nuevos proyectos, prioritariamente solares y eólicos, suman U$D 9.300 millones y permitirán una recaudación fiscal anual superior a los U$S 9 millones.

La pretensión del gobierno, declaró Víctor Osorio, es el cumplimiento de la normativa con la mayor eficacia y eficiencia,  evitando lentitudes de tramitación y burocracias para facilitar las inversiones.

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