El impacto de las medidas aprobadas por el gobierno constituye la expropiación de facto del sector termosolar.

•    Resulta paradójico que el Presidente del Gobierno reclame en el exterior la seguridad jurídica que conculca en su país
•    El Gobierno tira por la borda la oportunidad histórica de liderar a nivel internacional un sector emergente a nivel mundial

El conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno en las últimas semanas, con el impuesto general del 7%, la eliminación de la prima a la parte imputable al gas, que en los análisis de inversiones era considerado “un todo” junto con la prima y la retirada de la opción pool + prima aprobada hoy mismo por el Consejo de Ministros, representan un impacto acumulado por encima del 30% de reducción de ingresos y sitúa a los proyectos termosolares en situación de default.

Resulta sorprendente escuchar al Presidente del Gobierno reclamar seguridad jurídica a las inversiones españolas en el exterior cuando practica lo contrario en nuestro país.

También resulta triste escuchar como justificación, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que estos recortes en el sector renovable (y particularmente en el termosolar) se hacen para no subir la luz a los ciudadanos, cuando la medida del impuesto a la generación fue automáticamente repercutida por el Régimen Ordinario nada más se promulgó la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética.

Si el Ministerio busca reducir los costes del sistema eléctrico ¿por qué no pone, por ejemplo, a tarifa a la nuclear y la gran hidráulica?

Las referencias que parece manejar el Ministerio sobre la rentabilidad de las centrales termosolares corresponden a las deformadas informaciones de las compañías eléctricas opuestas a su desarrollo cuando recientemente se ha podido conocer las elevadas provisiones efectuadas por Siemens de su negocio termosolar en España o que la única central de propiedad de una gran eléctrica española tiene elevadas pérdidas acumuladas desde su entrada en operación hace varios años.   

Es inaudito que este tipo de medidas se improvisen sin una memoria económica que evalúe las consecuencias en un sector con contribuciones anuales al PIB de 2000 millones de euros en los últimos años y con 25.000 trabajadores.

No podemos entender cómo el Gobierno destruye un sector como el Termosolar que ni ha sido ni será responsable del déficit tarifario y que había posicionado a nuestro país en la vanguardia de un sector con enormes expectativas en el mundo entero. Con esta medida se han cercenado las capacidades de las empresas termosolares para su internacionalización y para el mantenimiento de su posición de liderazgo tecnológico.