Los Presidentes de las Asociaciones Fotovoltaicas al conocer el contenido del futuro Real Decreto, hablan de Ruina de los productores, Fracaso de la apuesta Solar, y Fin de la fotovoltaica en España.
Tras la publicación de la noticia HACHAZO A LA FOTOVOLTAICA los Presidentes de las tres Asociaciones Fotovoltaicas se han pronunciado con carácter de urgencia con los siguientes argumentos:
Las medidas retroactivas del Ministerio de Industria provocarán la ruina de miles de inversores.
El Ministerio introduce medidas retroactivas que afectan a la retribución de las plantas existentes.
La inestabilidad regulatoria se constata, con el cuarto RD sobre fotovoltaica en los últimos cuatro años.
La regulación no resuelve el déficit de tarifa ni las futuras subidas de la luz, que estarán marcados por las ayudas al carbón y la evolución del precio de los hidrocarburos.
En vez de hacer cumplir la legislación actual, combatiendo el fraude y ejecutando avales, se opta por establecer medidas retroactivas.
APPA denunciará ante los tribunales españoles y europeos las medidas retroactivas y el incumplimiento de la Directiva europea de renovables.
La tramitación de una nueva legislación sobre fotovoltaica, la cuarta en cuatro años, introduce medidas de carácter retroactivo que afectan a la viabilidad de los proyectos existentes, modificando sus ingresos. En vez de hacer cumplir las leyes existentes, persiguiendo el fraude o ejecutando avales, se opta desde el Ministerio por legislar de manera retroactiva para afectar a todas las instalaciones. De esta forma, la inmensa mayoría de plantas en funcionamiento, que cumplieron rigurosamente la legislación vigente, verán comprometida su viabilidad económica. La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA denunciará ante los tribunales españoles y europeos todas las medidas retroactivas recogidas en la nueva regulación, así como el incumplimiento de la directiva europea de renovables.
Tras el RD 661/2007, el RD 1578/2008 y el RD 1565/2010, todos ellos textos que han regulado en los últimos años la tecnología fotovoltaica, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio continúa su estrategia de acoso y derribo con el único objetivo de acabar con el sector fotovoltaico. La última legislación aprobada por el Ministerio de Industria ataca directamente no a las nuevas instalaciones, cuyo desarrollo ya se ha paralizado casi de forma completa, sino a las ya existentes. En un ejercicio de clara retroactividad regulatoria se pretende recortar los ingresos de las plantas en funcionamiento, comprometiendo claramente su viabilidad económica y llevando directamente a la ruina a miles de inversores de este país.
Nefasta imagen para los inversores
El inexplicable enconamiento del Ministro de Industria con la tecnología fotovoltaica conduce inexorablemente al sector a la ruina, sin importar la imagen que se está dando a los mercados internacionales en un momento sumamente delicado para la economía española, necesitada más que nunca de la confianza de los mercados. El texto del Gobierno no sólo ahonda en la ya denunciada inseguridad jurídica, completando el cuarto Real Decreto en tan solo cuatro años, sino que manda un nefasto mensaje a los inversores tanto españoles como extranjeros al regular de manera retroactiva, atacando los ingresos que la legislación garantizaba en el momento de instalación de las plantas. Según una encuesta de Opinion Research Business, el recorte retroactivo de las primas fotovoltaicas incrementará el conjunto de la deuda soberana española en casi 4.000 millones de euros.
La espectacular reducción de costes que ha experimentado la tecnología fotovoltaica en los últimos años hace que la retribución de las plantas futuras deba adaptarse a la realidad del mercado. Sin embargo, las inversiones efectuadas en el pasado se realizaron en función de los costes existentes entonces y una modificación de la retribución fijada en su momento, sobre la que se efectuaron los cálculos de rentabilidad, compromete gravemente la viabilidad económica arruinando a los inversores y amenazando el futuro del principal financiador de los proyectos, la banca nacional.
Una regulación que no resolverá problemas Tras haber destruido más de 14.000 empleos en el sector fotovoltaico durante el año 2009 (Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en la Economía en España en 2009 de Deloitte) debido a la paralización que provocó el RD 1578/2008, la nueva regulación apunta a la línea de flotación de las plantas existentes. Sin embargo, esta decisión, que compromete seriamente la imagen de nuestro país, no resolverá ninguno de los problemas del sistema eléctrico. La elección de la fotovoltaica como chivo expiatorio no impedirá las futuras subidas del recibo de la luz, dado que el petróleo y el gas siguen al alza. El déficit de tarifa, cuya relación con las primas percibidas por las renovables es claramente dudosa al ver los datos con perspectiva, también seguirá aumentando debido a las ayudas aprobadas para el carbón y los ciclos combinados.
La justificación del Ministro de Industria para esta última regulación constituye, a todas luces, un engaño a los consumidores. Ni se resuelve el problema del déficit de tarifa, que seguirá aumentando, ni se impedirán futuras subidas del recibo de la luz, que deberá evolucionar al igual que lo hace el precio de los hidrocarburos.
Las subastas CESUR, motivo último de la subida del recibo de la luz, han sido calificadas de “inflacionistas” por la Comisión Nacional de Energía y el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia ha tildado de “escándalo” el sistema de formación de precios. Curiosamente, el precio máximo del mercado de futuros ocurre siempre en las proximidades de la subasta. Una semana después de la subasta el precio de compra se había reducido en un 5%.
Contundente respuesta del sector
Ante esta regulación, que constituye un clarísimo ejemplo de legislación retroactiva, APPA denunciará ante los tribunales todas las medidas que atenten contra los ingresos de las plantas en funcionamiento de forma retroactiva. El daño que producirá la regulación a miles de inversores y a las entidades financieras, que se encontrarán con una deuda imposible de devolver, no será ignorado por la Asociación.
La inseguridad jurídica que introduce la irrupción de medidas retroactivas ahondará en la desconfianza que está produciendo la gestión, absolutamente errática, que está llevando a cabo el Ministro Sebastián.
La Directiva europea 2009/28/CE, de energías renovables, obliga a los gobiernos a eliminar las barreras regulatorias que impidan el desarrollo de las renovables y a establecer un marco regulatorio estable para las energías limpias. El flagrante incumplimiento de esta Directiva, así como la no transposición de la misma a la legislación española, será denunciado por parte de APPA ante los tribunales europeos.
El Ministerio de Industria no solo actúa a contracorriente de la legislación europea sino que incumple su propia palabra con respecto a su apuesta por las renovables con una total incoherencia, rebajando los objetivos de fotovoltaica para 2020 un 50% sobre lo aprobado en el RD 1578/2008 (el cupo pasa de 500 MW a 280 MW al año), cuando hace tan solo dos semanas antes proclamaba en Cancún un incremento de la reducción de emisiones hasta el 30%. Reducir las emisiones reduciendo los objetivos de renovables es imposible e irracional.
La sentencia de muerte del sector fotovoltaico nacional
Se cumplen los peores augurios para el sector: reducción de tarifa, reducción de objetivo, reducción de horas y retroactividad. El mercado de renovables que hoy se está destruyendo, difícilmente se recuperará en el futuro. La introducción de medidas retroactivas se lanza sobre la fotovoltaica igual que, anteriormente, se hizo con el prerregistro, experimentando sobre esta tecnología medidas que acaban afectando al resto.
El desprecio del Ministerio de Industria por la energía fotovoltaica, identificada como la tecnología de futuro por los principales organismos internacionales, pone en evidencia al Gobierno a nivel internacional: España desdeña las renovables y apuesta por el carbón y el gas, perpetuando un modelo de altísima dependencia energética de las importaciones, lo que dejará nuestro sistema a merced de la evolución de los precios de los hidrocarburos que marcarán las subidas del recibo de la luz y el déficit de tarifa en el futuro.
El Gobierno renuncia a su apuesta solar.
El recortar la retribución de las plantas existentes produce un gravísimo quebranto al Sector Fotovoltaico español y a la confianza en la credibilidad y seriedad de España
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) rechaza las nuevas disposiciones para recortar la retribución de las instalaciones fotovoltaicas vía limitación de las horas de operación con derecho a percibir la prima equivalente. La Asociación considera que las medidas adoptadas causan un gravísimo quebranto al Sector Fotovoltaico español y vulneran el principio de confianza legítima en las leyes, por lo que las recurrirá en los tribunales.
Los ingresos de una instalación solar son, básicamente, el producto de multiplicar la tarifa fijada por el Gobierno por sus horas de operación. Cualquier alteración de estos dos factores supone un cambio en la rentabilidad final de dicha instalación. Sin embargo, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (MITyC), considera que, aunque sea ilegal modificar retroactivamente la tarifa, no lo es introducir una limitación en el número de horas de operación.
Basándose en esta abstracción mental, el Gobierno ha aprobado hoy una normativa gravemente perjudicial para el Sector, para los miles de inversores que han confiado en la seguridad jurídica del país y para la propia credibilidad de España, precisamente en un momento en que se halla muy cuestionada por la dureza de la crisis.
En consecuencia, ASIF acudirá a los tribunales en defensa de los intereses del Sector y establecerá cauces especiales para facilitar los recursos de sus casi 500 socios y de los miles de clientes que representan.
Abandono de la apuesta solar
Después de un año de sufrir una campaña de acoso y derribo por parte del MITyC y de otros actores, y de la aprobación, hace apenas un mes, de otra norma retroactiva, discriminatoria y muy dañina para el Sector Fotovoltaico español (el Real Decreto 1565/2010, que incluye reducciones de tarifa hasta del 45%), el Gobierno ha ratificado su abandono de la apuesta solar, de la que había hecho bandera el mismo presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero.
Ya no cabe ninguna duda sobre la hipócrita incoherencia entre el discurso favorable a la energía solar del Gobierno y la realidad de sus actos.
Desastre sectorial
Todavía es pronto para conocer el alcance del desastre que –en virtud de las normas aprobadas y de la tremenda desconfianza generada en los inversores– se cierne sobre el mercado fotovoltaico nacional, uno de los que estaba destinado a contribuir más a que el país se recuperara de la crisis económica.
El Sector ya estaba muy dañado tras dos años de mínima actividad por culpa de la inseguridad jurídica y de la mala regulación: desde septiembre de 2008 había perdido el 90% del empleo temporal y el 30% del fijo, unos 30.000 empleos en total; sólo las empresas con actividad en el extranjero estaban trabajando con cierta normalidad. Indudablemente, las últimas normas aprobadas aumentarán el fracaso de los proyectos empresariales y el volumen de los despidos, y acelerará la deslocalización y la huida al exterior.
Recientemente, ASIF estimó que si España abandona la fotovoltaica, obtendrá un saldo económico negativo de 5.000 millones de euros hasta 2020 y perderá la oportunidad de disponer de unos 40.000 empleos estables y de calidad. Las sucesivas actuaciones del MITyC contra la fotovoltaica nos aproximan a ese pésimo escenario y deben considerarse una torpeza más del Gobierno.
AEF acusa al Gobierno de cometer un claro atentado contra la energía fotovoltaica.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF, ha calificado de “claro atentado contra el sector solar fotovoltaicco y la economía y política energética sostenible” el recorte de horas con derecho a tarifa, aprobado hoy por el Gobierno y anunciado por el Ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Para AEF, las medidas anunciadas son claramente retroactivas, se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los inversores ni a la banca, y conducirán inexorablemente a una situación concursal a la gran mayoría de las instalaciones fotovoltaicas españolas.
La asociación ha deplorado que se hayan cumplido los peores temores ya denunciados por AEF, y que, finalmente, el Ministerio haya tomado unas medidas “absolutamente retroactivas y discriminatorias contra la fotovoltaica”.
“El recorte no resulta equilibrado respecto a otras tecnologías, sean convencionales o renovables, y ni siquiera lo es entre regiones, ya que impone un límite de horas único sin tener en cuenta las distintas comunidades y sus diferentes radiaciones solares, las características tecnológicas y los planes de negocio de las inversiones”, insiste la organización empresarial.
AEF denuncia además que el ministro ha omitido en su comparecencia de hoy que la industria solar fotovoltaica “ya ha asumido responsablemente más de 600 millones de euros en recortes, de acuerdo a lo estipulado en el Real Decreto 1.565/2010, aprobado hace apenas un mes.
La asociación ya ha expuesto que estas medidas retroactivas generarán diez veces más gastos - por sus repercusiones en los mercados internacionales y en la deuda del Reino de España - que el supuesto ahorro obtenido con ellas, como han manifestado algunos líderes de inversión extranjeros y de la banca nacional e internacional.
Entre esos costes, AEF destaca que se disparará la prima de riesgo-país, la pérdida de confianza de los inversores en mercados y compañías españolas expuestas a regulación, además del evidente perjuicio que la medida tendría sobre la estabilidad del sistema financiero, de los propios bancos y de las compañías que trabajan en sectores regulados en España, y que cuentan con un alto riesgo de endeudamiento empresarial.
Subraya asimismo la asociación que los mercados nacionales e internacionales ya han manifestado con claridad su rechazo a estas medidas, por cuanto la reducción de horas, con el consiguiente recorte de ingresos, “situará a las plantas fotovoltaicas muy por debajo de la rentabilidad razonable”.
Considera AEF que ese hecho “de ninguna manera se puede compensar dentro de 23 años, como propone el Ministerio al extender algo que, por otra parte, el Real Decreto 661 ya reconocía”.
De salir adelante ahora el nuevo Real Decreto-Ley, AEF juzga inevitable que el sector se vea abocado a solicitar de forma masiva concursos voluntarios, ante la imposibilidad de asumir sus compromisos crediticios y financieros, así como el pago a proveedores.
La asociación ha efectuado un “llamamiento urgente” al Congreso de los Diputados, desde la esperanza de que el poder legislativo pueda “corregir el dislate y el desequilibrio planteados por el Ministerio de Industria con un Real Decreto-Ley que ofrece notables lagunas técnicas y legales”.
Solicita también un profundo análisis de los sectores parlamentarios, políticos, industriales, financieros y empresariales sobre la repercusión de estas medidas en el futuro de las energías renovables, “desde la convicción y la certeza de actuar no en defensa de interés de parte, sino del futuro de la sostenibilidad energética española, que puede destruirse de forma inmediata ante los desequilibrios que plantea el Decreto-Ley”.
La compañia RWE, ganadora del laudo por el recorte expropiatorio de las renovables , exigirá la traba de bienes del Reino en USA para cobrar sus 28 Millones de Euros.
A pesar del aumento de la ambición, los PNEC no logran conectar efectivamente los puntos con lo que ahora importa para hacer realidad la transición energética: despliegue de la red, modernización y flexibilidad.
