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España es el Estado con más arbitrajes internacionales por infringir la Carta de la Energía, mientras miles de productores fotovoltaicos españoles ya han interpuesto sus demandas por el grave quebranto sufrido por la retroactividad normativa.
Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, alerta de los graves riesgos empresariales que podría suponer el "Acuerdo de París" para las empresas que decidan invertir en el sector energético español si el próximo Gobierno no restaura y blinda la seguridad jurídica.
Con 27 reclamaciones pendientes de laudo arbitral, España es el país que acumula un mayor número de demandas internacionales por quebrantar la Carta de la Energía, por delante de Venezuela y Argentina; mientras que miles de productores españoles han iniciado sus reclamaciones judiciales frente al nuevo marco normativo retroactivo que impone recortes de hasta el 50% de lo que es su día se estableció mediante Real Decreto.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, ha advertido que " El Acuerdo de París lanza un señal muy clara a la inversión a largo plazo en el sector energético con el objetivo de combatir las consecuencias del Cambio Climático, un escenario muy similar al que se produjo con el Protocolo de Kioto y que ha supuesto la ruina de las miles de familias españolas que realizaron una inversión ética al amparo de la palabra del Estado español y ahora se encuentran en situación de penuria económica y, lo que es peor, difamados por el propio Presidente del Gobierno, que les atribuye ganancias inexistentes y responsabilidades en el coste de la factura de la luz absolutamente falaces".
El Protocolo de Kioto, acuerdo internacional que también tuvo por objetivo la reducción de los gases de efecto invernadero, adoptado en el 1997 y con vigor a partir de 2005, motivó los objetivos 2020 de la Unión Europea, que fijaban que en el año 2020 un 20% de la energía fuera producida por fuentes renovables e impulsó a los Estados miembros a desarrollar dichas tecnologías para logra su cumplimiento. Cada país implementó los mecanismos incentivadores necesarios para cumplir con la Ley y con el Planeta; sin embargo, sólo España ha desmantelado retroactivamente dichos mecanismos, dejando atrapadas en sus inversiones a decenas de miles de ciudadanos que, al contrario que las grandes empresas, debieron ofrecer sus bienes personales como garantía frente a la banca, que se asegura así el retorno de sus financiaciones a pesar de que al productor fotovoltaico ha sido despojado de sus derechos por el Gobierno.
Anpier considera que ahora el esquema no se replicaría de igual modo, puesto que los inversores fotovoltaicos de hace una década maduraron una tecnología sin la cual el Acuerdo de París no hubiera contado con recursos tecnológicos para evitar las nefastas consecuencias del Cambio Climático que están provocando los combustibles fósiles y el gas. En el caso actual, ya no se precisan primas para impulsar la revolución tecnología, puesto que la labor ha quedado realizada; pero se ha visto lo que ocurre cuando iniciativas empresariales que no tienen garantizada la seguridad jurídica tratan de acceder a un sector para el que ya no existen barreras tecnológicas; sino requiebros legales caprichosos, que cambian las normas retroactivamente, lo que ya no solo arruina a los inversores, que necesariamente se realizan a muy largo plazo, sino que también disuaden a aquellos que hubieran podido aportar inversiones y valor a un sector energético que se aferra al trasnochado y asocial esquema de oligopolio.
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