En Panamá se están invirtiendo más de 4,9 millones de dólares ante la necesidad de contar con tecnologías de generación renovables que mitiguen la dependencia energética del país de los recursos hídricos y el combustible fósil.
En Panamá, gran parte del suministro eléctrico del país depende de la lluvia, debido a que un 60 % de la energía, se genera mediante centrales hidroeléctricas y el resto es producido en centrales térmicas mediante combustibles fósiles. Esto hace que en época de sequía como la vivida en la primavera del pasado año 2013, el país se encuentre en un grave problema para cubrir sus necesidades energéticas, tanto de sus habitantes como del sistema productivo, el cual además está en plena expansión de infraestructuras e inmobiliario.
Las medidas tomadas en el 2013 ante la sequía se centraron sobre todo en el ahorro energético en los picos de consumo. En caso extremo a Panamá no le queda más remedio que abastecerse mediante la compra de energía a países vecinos de Centroamérica.
Ante esta situación el gobierno tiene que plantearse una estrategia energética nacional, donde entre el uso de otras fuentes alternativas que aprovechen otros recursos para la producción. Es fundamental establecer legislaciones que fomenten una gestión energética sostenible y responsable, con equipos y sistemas productivos eficientes.
Así por ejemplo han surgido nuevos marcos jurídicos como la Ley 37 de 10 de junio de 2013 por medio de la cual se establecen incentivos para propiciar la diversificación de la matriz energética en el país, a través de la generación solar, promoviendo, por medio de este régimen de incentivos, la construcción, operación y mantenimiento de centrales o instalaciones solares.
Las principales barreras a superar para la integración de proyectos de energía renovable en la matriz energética de Panamá son, por un lado contar la las infraestructuras adecuadas para la inyección de los nuevos proyectos a la red y por otro lado promover la inversión privada y el acceso a la financiación.
En este contexto, la necesidad de la diversificación energética está haciendo que se estén destinando 4,9 millones a diversos proyectos de tecnología renovable, tanto solar, como eólica e hidroeléctrica.
Mecanismos como el Proyecto ARECA, implementado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, (BCIE), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), está haciendo que se aceleren la inversión para llevar a cabo la transición energética. El Proyecto ARECA, centra su objetivo en disminuir las barreras financieras a la vez que fortalece el sector energético de Centroamérica, mediante una mayor participación de la energía renovable en la región, por medio de proyectos de pequeña y mediana escala.
En cuanto a superar las barreras de interconexión, se está trabajando en infraestructura regional denominada Sistema de Interconexión Eléctrica Para América Central (SIEPAC) cuyo propietario es la Empresa Propietaria de la Red (EPR). Este proyecto busca hacer de la interconexión eléctrica en Centroamérica una realidad.
La asesora de Energía Limpia y Soluciones Climáticas del Ministerio de Energía y Minas, Chadia Abreu, disertó sobre los desafíos regulatorios en la integración de sistemas de almacenamiento de baterías y nuevas tecnologías en República Dominicana.
El día de hoy hay una proyección de 170.000 techos solares que seguramente el 2025 ya vamos a tener materializado.