Una de las barreras a las que se enfrenta la energía renovable en América Latina es el elevado costo de inversión, por lo que se hacen necesarios mecanismos que impulsen la financiación de proyectos mediante asociaciones público-privadas.
En los últimos años, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático está siendo un tema fundamental en las agendas políticas y energéticas de los países latinoamericanos. Muchos de estos países como Chile o Brasil están experimentando un fuerte crecimiento de la demanda energética, debido al desarrollo industrial. El factor clave se encuentra en mantener la viabilidad del suministro energético al mismo tiempo que se dan pasos hacia un nuevo modelo energético basado en energías limpias. Un modelo sostenible en el que la energía renovable, con recursos locales, tenga cada vez más peso, contribuyendo a la independencia energética y a la mitigación del cambio climático.
Las Asociaciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships, PPP] se definieron como un contrato legalmente vinculante entre gobierno y empresas privadas. Aunque en un principio el socia privado asumía el riesgo principal, pero actualmente en las PPP los sectores público y privado se involucran en el proyecto durante todas las fases: construcción, financiación y operación. Esto resulta un incentivo para los inversionistas, ya que los riesgos son también asumidos por el gobierno.
Varios países de América Latina, han puesto en marcha programas para fomentar el uso de energías renovables no convencionales en la producción de electricidad. Muchos de estos programas de promoción de renovables, se han visto favorecidos por este modelo de asociación entre el sector público y privado, generalmente la inversión privada favorece a proyectos de mediana y gran escala conectados a una red nacional de distribución.
Los sectores público y privado pueden encontrar varios modelos de colaboración, lo que facilita que este mecanismo se pueda aplicar para diversos fines, tanto proyectos de gran escala como para pequeños productores y generación distribuida, como para la investigación y desarrollo de tecnologías.
Para que las Asociaciones Público-Privadas funciones debidamente, sin embargo, es muy importante que exista un marco regulador estable y fuerte. Es esencial para eliminar barreras, estimular la inversión con incentivos apropiados, en definitiva, ofrecer seguridad jurídica a los inversores. Este marco regulador tiene que estar apoyado por el despliegue de una política medioambiental para fuentes de energía limpias, y proporcionar incentivos especiales para financiar nuevas tecnologías. Esto permite dirigir la distribución de recursos financieros para proyectos de tecnologías que mitiguen los efectos del cambio climático, en particular energías renovables. El sector público tiene que intervenir para la definición de los estándares de la construcción de proyectos, los objetivos a largo plazo, las tarifas especiales de generación, mantener la vigencia de los contratos PPa´s y en general propiciar un ambiente de bajo riesgo.
Una fuente estable y eficaz de financiamiento es al fin y al cabo la mejor manera de apoyar el despliegue de las tecnologías de energía renovable, apoyando la investigación y desarrollo, fortaleciendo la formación de técnicos en el sector, impulsando empresas de fabricación local de los componentes, por ejemplo, fábricas de paneles.
El programa del Ministerio de Energía permite a las organizaciones sociales postular a instalación de sistemas solares fotovoltaicos para generación o agua caliente sanitaria.
Documento elaborado por el Grupo Banco Mundial, en alianza con la Energy Research Company (EPE), muestra que la energía eólica marina puede generar más de 516 mil empleos para 2050.
