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La Fundación Renovables valora como una medida muy oportuna la regularización de la retribución a las renovables y la cogeneración en este inicio de 2022

2-2-22. Fundación Renovables
miércoles, 2 febrero 2022.
Fundación Renovables
La Fundación Renovables valora como una medida muy oportuna la regularización de la retribución a las renovables y la cogeneración en este inicio de 2022
De llevarse a cabo, supondría una reducción de, aproximadamente, 3.000 M€ de los costes regulados, permitiendo una rebaja en la factura eléctrica, principalmente para los consumidores domésticos.

La Fundación Renovables muestra su reconocimiento a la oportuna propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de adelantar para el inicio de 2022 la regularización de la retribución de las centrales del RECORE (Renovables, Cogeneración y Residuos) prevista para 2023, una vez finalizado el semiperiodo 2020/2022 de regularización de la parte regulada, y contribuir así a disminuir la factura eléctrica de los consumidores domésticos. Con la actual situación del mercado eléctrico, fuera de toda lógica, con niveles de precios por encima de los 200€/MWh, y con la previsión de mantenerse en estas mismas cifras durante el 2022, de aprobarse la propuesta el sistema eléctrico podría recuperar en torno a los 3.000 M€ este año, sin tener que esperar al próximo trienio.

Los valores del marco retributivo de las plantas sujetas al RECORE se establecen cada tres años. En 2019 se estableció como precio base del pool, a efectos de cómputo de la parte regulada de la retribución a las renovables y a la cogeneración, 54,42 €/MWh para 2020, 52,12 €/MWh para 2021 y 48,82 €/MWh para 2022. Como ya hemos indicado en anteriores ocasiones, en el último trimestre de 2021 para las plantas de generación instaladas antes de 2013 que reciben una retribución específica, garantizada durante su vida útil a una rentabilidad del 7,34 %, la subida del precio del pool por encima de los valores fijados ha supuesto una percepción económica superior que deberán devolver durante el periodo 2023/2025.

La necesidad de rebajar los costes de la tarifa tiene una oportunidad si estas cantidades se recuperan cuando más se necesitan, es decir, ahora, cuando los precios del pool son inasumibles por los consumidores domésticos más vulnerables y se replican en la factura por el diseño actual del PVPC. Esta rebaja supondría descontar alrededor de 3.000 M€ en los costes del sistema eléctrico, un 16’5% de la parte regulada de la tarifa eléctrica y un 8,8% si consideramos todos los ingresos del sistema, según las magnitudes de 2019 (año con datos dentro de una normalidad).

La asimetría intrínseca de la estructura de la tarifa eléctrica, en la que el cargo de los costes regulados es mayor para los consumidores domésticos que para los industriales, provocará que los más beneficiados sean los más vulnerables, los consumidores domésticos, porque la repercusión para estos por kWh es un 60% mayor que para los de la tarifa 3.0 de la pequeña industria o 3,5 veces más que para los de la gran industria, tarifa 6.0. 

No podemos esperar a finales del año 2022 para regularizar la situación y aliviar el coste que los consumidores están soportando en la factura de la luz desde principios del segundo semestre de 2021. La energía incluida en el RECORE es aproximadamente el 35% de la generada, con un precio previamente establecido, según la reforma de 2013, y que distorsiona la fijación de los precios al ser su retribución independiente al precio de cierre fijado en el mercado. Desde la Fundación Renovables hemos denunciado el funcionamiento perverso del modelo marginalista, pero no se ha actuado para que ese 35% no contribuya a magnificar de forma artificialmente temporal la traslación de precios.

Otro punto que destacar es el impacto de esta medida sobre el futuro del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), presentado en noviembre de 2020 y aprobado en junio de 2021 por el Consejo de Ministros, que sigue paralizado en su tramitación parlamentaria como anteproyecto de ley. De hecho, si no se aprueba esta regularización del RECORE, el FNSSE dejaría de tener sentido ya que la cantidad a traspasar a los sectores del petróleo y del gas para el siguiente semi periodo va a ser mucho más reducida. Desde la Fundación Renovables consideramos la idoneidad y oportunidad del FNSSE y ya propusimos medidas para que su contenido fuera más sólido y acorde con la realidad del mercado energético español.

Así mismo, desde la Fundación Renovables ya hemos demandado, en multitud de ocasiones, que algunas de las medidas promovidas por el MITERD para reducir la factura eléctrica no sean temporales, sino permanentes. Demandamos una política fiscal acorde con el gravamen de un bien de primera necesidad, que la rebaja del IVA sea permanente, de ahora en adelante, y se aplique a todos los sujetos pasivos. El 21% establecido en España hace que los consumidores soporten el IVA más alto de los países europeos y la bajada permanente al 10% sólo nos acercaría a la media, quedándonos todavía lejos de países como Italia, Portugal o Francia, que lo tienen más bajo. Además, proponemos que para los consumidores y las familias vulnerables se reduzca hasta el 4%, con la tendencia a la exención total para esta tipología de sujetos pasivos. De la misma forma, hemos propuesto la necesidad de establecer un mínimo vital energético para los consumidores vulnerables desde la aprobación de una tarifa social y el consiguiente abandono del actual Bono Social.

No obstante, seguimos firmemente convencidos de la necesidad urgente de una reforma integral de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico y mantenemos la esperanza de que el modelo marginalista de fijación de precios se adapte a una realidad que es diferente a cuando se creó ya que en la actualidad el 60% de la energía eléctrica que va al mercado es infra marginal y de precio aceptante. La política de medidas puntuales, con el consiguiente letargo ocasionado por los dilatados periodos de tramitación, pone en riesgo la transición hacia un modelo energético sostenible, al no disponer de un marco integral de actuación y aumentar la inestabilidad jurídica y regulatoria para poder ser capaces de dar una respuesta unificada a los retos que debemos de afrontar.

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