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Las asociaciones de renovables denuncian un proceso de expropiación encubierta.

17-7-13
Carlos Mateu
2591 Lectores
Las asociaciones de renovables denuncian un proceso de expropiación encubierta.
La prometida 'rentabilidad razonable' del 7,5% es muy inferior al aplicar impuestos y dependerá de los estándares que discrecionalmente establezca el Gobierno.

La quiebra de proyectos los dejará en manos de las entidades financiadoras y aumentará el riesgo financiero.

Las asociaciones de renovables, ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR Y UNEF denuncian que las nuevas medidas para el sector eléctrico son gravemente retroactivas y quiebran la seguridad jurídica del país. La quiebra de la seguridad jurídica, a su vez, llevará a la quiebra a numerosos inversores –particularmente familiares–, que deberán entregar sus instalaciones renovables a las entidades financiadoras al no poder afrontar el servicio de la deuda. Las asociaciones entienden que se puede hablar de un proceso de expropiación encubierta.

Tras meses de mantener un nivel de incertidumbre nefasto para cualquier sector económico, con total ausencia de diálogo y ninguneando a las asociaciones sectoriales –legítimas interlocutoras del sector renovable–, el Gobierno ha publicado el Real Decreto-Ley 9/2013, cuyo contenido es totalmente retroactivo para las energías renovables.

En virtud de las disposiciones del RD-L 9/13, las renovables verán radicalmente sustituido su actual esquema de retribución por otro que pretende garantizar una rentabilidad razonable en función de parámetros desconocidos y que, según los cálculos del propio Gobierno, supondrá una merma de ingresos superior a los 1.300 millones de euros.

Un ajuste de tal magnitud (un 15% de los ingresos del régimen especial), sumado a los ajustes que ya ha sufrido el sector, que en algunos casos han alcanzado hasta el 40% de los ingresos, llevará a la quiebra a numerosas instalaciones, porque no podrán devolver los créditos que las financiaron. Sus propietarios tendrán que entregarlas a las entidades financiadoras, más las garantías que las respaldaban.

Las asociaciones entienden que, habida cuenta de la situación, puede hablarse de proceso de expropiación encubierta.

“Rentabilidad razonable”
Cuando el Gobierno indica que establecerá una “rentabilidad razonable” del 7,5%, ligada a las Obligaciones del Estado y a unos estándares de inversión y explotación todavía desconocidos, está realizando un ejercicio de abstracción mental, puesto que esa rentabilidad se ha calculado antes de impuestos y sólo la podría obtener, de acuerdo con el RD-L 9/13, una “empresa eficiente y bien gestionada”.

Aplicando los impuestos, la rentabilidad real se quedaría en el orden del 5%, muy por debajo de lo que ofrecen productos financieros más seguros. E incluso puede ser menor, dependiendo de los estándares de inversión y explotación que fije el Gobierno, muy difíciles de adecuar a la realidad por la gran variedad de tipos de instalaciones.

Por todo ello, las asociaciones denuncian que el nuevo esquema retributivo es altamente discrecional y, al desligar la retribución de la producción eléctrica –el pool es un ingreso menor en muchos casos–, desincentiva la eficiencia y anula la importancia de las labores de operación y mantenimiento.

En suma, la supuesta reforma eléctrica del Gobierno, al no afectar al deficiente Mercado Eléctrico, no es más que otra suma de recortes en el que las renovables se llevan la peor parte. Sin duda alguna, incrementará la pérdida de empleo y será ampliamente contestada en los tribunales.

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