La propuesta, que pretendía eliminar el llamado «Impuesto al Sol» y el resto de trabas para el autoabastecimiento con energías renovables en España, fue vetada por el Gobierno el pasado viernes.
Las organizaciones sociales y el sector renovable rechazan la decisión de Ciudadanos de no forzar en la Mesa del Congreso el levantamiento del veto del Gobierno a la proposición de ley de medidas para el fomento del autoconsumo eléctrico, que fue presentada a finales de enero por todos los grupos parlamentarios excepto PP y Foro Asturias. Esta propuesta, que pretendía eliminar el llamado 'Impuesto al Sol’ y el resto de trabas para el autoabastecimiento con energías renovables en España, fue vetada por el Gobierno el pasado viernes.
El principal argumento esgrimido por el Ejecutivo para tumbar dicha proposición es el aumento que, a su juicio, supondría para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya que se dejarían de recaudar 162 millones de euros anuales vía impuestos.
El informe del Gobierno, lejos de ser un análisis en profundidad sobre los costes reales, presenta consideraciones carentes de justificación legislativa y se basa en juicios de valor subjetivos que sustituyen cualquier argumentación objetiva y contrastada. En contra de lo que se refleja, el autoconsumo eléctrico no supondría un coste presupuestario ya que al favorecerse las inversiones y eliminarse las barreras se generaría un IVA que sería superior al que se dejaría de ingresar por el recibo de la luz. Además, promover el autoconsumo como hacen el resto de países de Europa, generaría actividad y empleo, con los consiguientes ingresos fiscales que han sido obviados en el informe del Gobierno.
Entre otras consideraciones, la Secretaría de Estado de Energía (SEE) sostiene que el autoconsumo supondría una bajada directa del precio del pool, un hecho evidentemente positivo que aporta beneficios para toda la ciudadanía española, que ha visto aumentar la factura eléctrica de manera muy significativa en los últimos años, y que sin embargo utilizan como argumento para oponerse al mismo. Lo mismo ocurre con los efectos de la simplificación administrativa, el no gravamen a las instalaciones de autoconsumo y la reducción del régimen sancionador, los cuales, para el Gobierno, conllevarían simplemente una reducción de las recaudaciones asociadas a las sanciones administrativas. Ayer mismo la Comisión Europea criticó las trabas administrativas que desde España se ponen al autoconsumo.
Debido a la arbitrariedad de los argumentos empleados, se esperaba que el martes la mesa del Congreso, con el apoyo de todos los grupos, levantara el veto del Gobierno. Sin embargo, Ciudadanos se echó atrás y decidió no forzar el levantamiento del veto, empeorando las perspectivas a corto plazo de aprobar una normativa española de autoconsumo en línea con las adoptadas por el resto de países de la Unión Europea.
Esta última maniobra del Gobierno no es más que la continuidad a su clara política de penalización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. En un país como España, con altísima dependencia energética, reducir las facturas energéticas utilizando para ello fuentes renovables y autóctonas debería ser objetivo prioritario de cualquier gobierno, con independencia de su orientación política, para demostrar su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Para ello, es necesario sustituir cuanto antes la actual normativa por una que promueva, y no penalice, el autoconsumo.
El documento publicado evalúa el impacto de la flexibilidad en el costo de descarbonizar la matriz eléctrica chilena.
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