La modificada ley 26.190 se propone alcanzar en el año 2017 un 8% de la matriz eléctrica conformada por fuentes renovables, y un 20% para el 2025.
El aprobado proyecto apunta una rápida inserción de potencia renovable en la matriz energética, con un escenario que implica una reducción del costo medio de la energía, previsibilidad de precios a mediano y largo plazo, corto plazo de instalación y el desarrollo de la industria local, así como la creación de puestos de trabajo calificado.
En el nuevo texto se prevé nuevo mecanismo de financiación para los proyectos de inversión afectados por la ley, conformándose un fondo fiduciario (FODER) constituído por un mínimo del 50% del ahorro efectivo en combustibles líquidos propiciados por las renovables. Se calcula que este ahorro de las renovables hasta 2025 supondrán 41.000 millones de U$D.
Igualmente, el nuevo texto establece una obligación para los grandes consumidores de electricidad, igual o superior a 300 kW, que habrán de acreditar el cumplimiento individual de las metas de consumo de renovables dictadas por la ley, lo cual habrán de acreditar adquiriendo certificaciones de energías limpias o llevar a cabo la ejecución de proyectos por su propia cuenta.
Además de diferentes mecanismos de promoción fiscal (amortización acelerada, devolución anticipada IVA, etc.), la exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017, serán factores que a buen seguro dinamizarán el mercado.
Resulta muy indicativo considerar que hasta el momento, sin contar con el decidido apoyo de la nueva ley, muchas empresas argentinas ya están llevando a cabo proyectos exitosos de energías renovables, de forma directa o contando con partners internacionales.
Sin embargo, en opinión de experto la ley es mejorable, y entre otros aspectos, habría de desglosar en 4 grandes grupos de generación: La energía solar, la energía eólica, la bioenergía y la mini-hidro, y que deberían tener diferentes precios máximos y mínimos sobre el MW/h producido.
Durante estos 3 meses próximos se lleva a cabo la discusión de la reglamentación de la ley, con planteamiento de modificaciones expresadas por las partes interesadas.
Las distribuidoras eléctricas cuentan con un plazo de 6 meses para adecuarse al nuevo sistema de Generación Distribuida.
Los equipos de la prueba piloto fueron colocados en la Planta de Compostaje y Tratamiento de Residuos y se planea extender este tipo de instalaciones a otros edificios públicos.
