El Gobierno desarrollará un reglamento que impedirá los cortes de luz a los consumidores vulnerables severos.
El Congreso de los Diputados ha convalidado hoy el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre que establece diversas medidas de protección para los consumidores vulnerables.
La norma obligará de forma más rigurosa a notificar el impago a los hogares antes de proceder al corte de la electricidad. Además, se amplía de 2 a 4 meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago para los consumidores vulnerables desde que la empresa eléctrica lo comunica al consumidor. Las compañías eléctricas deberán comunicar también a las CC.AA. los impagos de los consumidores.
Este sistema de notificación permitirá contar con un mecanismo de alerta temprana para los servicios sociales competentes, que podrán actuar antes de que se produzca el corte del suministro. Si los servicios sociales comprueban que el consumidor es vulnerable severo podrán además atenderle con sus propios recursos, disponer de una financiación adicional del bono social y no podrá cortársele el suministro.
Por tanto, para los casos de consumidores vulnerables severos que sean atendidos, se contempla una cofinanciación por parte de las empresas eléctricas financiadoras del bono social, que complementará la que ya realizan las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a través de sus servicios sociales.
Finalmente se adoptan medidas encaminadas a reforzar la transparencia en la contratación de los consumidores vulnerables, como la obligación de informar a los clientes de la modalidad de contratación de PVPC y del bono social. Asimismo, se contemplan también indicadores similares a los que existen en el ámbito financiero (TAE) para facilitar la comparación de las distintas ofertas comerciales a los consumidores.
El Ministerio reforzó la importancia de crear el Fondo BNDS de Minerales Críticos, que pretende recaudar hasta mil millones de reales para financiar la investigación y extracción de litio, cobalto, níquel y otros minerales estratégicos.
Dentro de los cambios realizados se hace referencia a la flexibilización de los criterios de habilitación técnica y financiera para el permiso de ocupación temporal y los que se deberán cumplir para la concesión marítima.
