También requiere el informe de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) previsto en la Ley sobre energía nuclear. Así mismo, ha solicitado el informe de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.
La versión de 7º PGRR sobre la que se piden los preceptivos informes, que puede consultarse aquí, es resultado del análisis y toma en consideración de las alegaciones formuladas en el trámite de información pública y de consultas al que se sometió la versión inicial desde el 12 de abril hasta el 16 de junio.
Esta versión revisada del 7º PGRR, el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, contempla un escenario de referencia que incluye:
Una vez recibidos los informes, el MITECO elaborará la propuesta final del 7º PGRR, que se remitirá al órgano ambiental para que formule la Declaración Ambiental Estratégica. Finalmente, será aprobado por el Consejo de Ministros y se dará cuenta posteriormente a las Cortes Generales y a la Comisión Europea, en cumplimiento de la Directiva de gestión de residuos radiactivos.
El informe solicitado al CSN sobre la versión revisada del 7º PGRR es independiente de los informes vinculantes, relativos a la seguridad nuclear, la protección radiológica y la protección física, que debe emitir la entidad con carácter previo a las autorizaciones que el MITECO concede para el ejercicio de las actividades de Enresa que se contemplan en el 7º PGRR.
Los dos detenidos, antiguos trabajadores, atacaron el sistema informático y provocaron el fallo de la conexión de los sensores, reduciendo su capacidad de detección incluso en el entorno de centrales nucleares.
El proyecto insignia de REE ya apunta maneras tal que megafraude de próximo Castor, que en este caso puede llegar a sepultar al menos 578 millones de euros de dinero público.
Si las macro-centrales renovables ya constituyen objetivos militares que hacen vulnerable el sistema, las nucleares son un sillón de llamativa diana estampada sobre el polvorín.
La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) ha trasladado en el Congreso que la estrategia en gestión de residuos nucleares se haga “a espaldas” de los municipios afectados.
Esta decisión ha contado con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.