Estiman que el cierre de las centrales nucleares incrementaría el precio de la electricidad en un 20% y llevaría a duplicar las emisiones de CO2 en el sector eléctrico.
La Comisión de Expertos sobre escenarios para la Transición Energética ha concluido su trabajo -que ha sido presentado al Gobierno por su presidente, Jorge Sanz- con un elevado nivel de consenso (11 votos a favor y 3 abstenciones), lo que lo convierte en un instrumento de referencia para la discusión de la futura legislación para la lucha contra el Cambio Climático.
El Informe evidencia las deficiencias del modelo fiscal español y apunta a la fiscalidad como una de las herramientas claves para el cumplimiento de los objetivos comprometidos por el Reino de España con la UE en materia de cambio climático. En concreto, propone sustituir los impuestos actuales por otros que internalicen los daños medioambientales o, lo que es lo mismo, por ‘el que contamina paga’.
Con este escenario, las simulaciones realizadas por la Comisión apuntan a un abaratamiento significativo de la electricidad (casi el 7% para el consumidor doméstico) y a un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo; especialmente, del gasóleo (28,6%). La gasolina subiría menos de un 2%. Estas modificaciones de precios -explica el Informe- son coherentes con la necesidad de electrificar la economía para avanzar hacia la descarbonización y son alcanzables a medio plazo de forma gradual.
El informe incluye tres restricciones en la implantación de esta medida: i) evitar la deslocalización de la industria sometida a competencia internacional y los efectos negativos sobre otros colectivos sensibles, como agricultores y profesionales del transporte; ii) evitar la pérdida de recaudación de las Administraciones Públicas; y iii) no incrementar la presión fiscal.
En este capítulo fiscal, propone también ‘sacar’ de la tarifa eléctrica la financiación de los sobrecostes de las renovables (eléctricas y biocombustibles) y repartirla entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Y que todos los vectores energéticos financien las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético (redes, en los casos de la electricidad y del gas, e infraestructuras viarias, en el caso de la gasolina y el gasóleo A).
En ausencia de una fiscalidad distorsionadora, dice la Comisión, España se convertiría en un exportador neto de electricidad a Francia “ya que la mayor penetración de renovables en nuestro país, permite un diferencial de precios eléctricos estructural a favor de España”, explica Sanz, presidente de la Comisión de Expertos.
Mix energético e inversiones
Los análisis realizados por el informe apuntan a que el gas natural jugará un papel importante en 2030, pero su importancia se reducirá en 2050; año en el que la generación eléctrica girará exclusivamente en torno a instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. Esta circunstancia -explica el estudio- exige reflexionar sobre las inversiones que sea necesario acometer en los próximos años y que pudieran no disponer de un plazo suficiente para su recuperación.
Con respecto a la extensión de vida de las centrales nucleares, el Informe detalla los principales impactos: (i) supondría un incremento de las emisiones de CO2 del sector eléctrico entre 9,6 y 15 MtCO2, lo que equivaldría a duplicar sus niveles respecto del año base; (ii) se incrementaría el precio del mercado eléctrico en torno a un 20% (entre 2.000 y 3.000 M€ al año); (iii) no incrementaría la cuota de renovables de forma significativa (del 29,7% actual a 30,6%) y (iv) el índice de cobertura de la demanda máxima de potencia, en ciertas condiciones extremas, podría caer hasta 0,86 (cuando el objetivo es 1,1), lo que exigiría acometer inversiones en potencia firme adicional.
El estudio explica que si la vida útil de las centrales nucleares acaba al cumplir 40 años, con la actual rentabilidad de Fondo que gestiona ENRESA y con la tasa que pagan las empresas titulares de instalaciones de generación, existirá un desequilibrio entre ingresos y gastos; pero dicho desequilibrio desaparecería simplemente alargando la vida de las centrales a 50 años. La Comisión de Expertos propone, además, que el Gobierno revise cuanto antes el Plan General de Residuos Radioactivos para reducir la incertidumbre que pesa sobre el equilibrio financiero del Fondo con el que se cubrirá el futuro desmantelamiento de las centrales nucleares y la gestión de los residuos.
En lo que respecta a la generación con carbón, el Informe apunta a que el modelo refleja que, con los precios de los combustibles del escenario central y el precio del CO2 de 50€/t previsto en el mismo, la participación de esta tecnología en el mix eléctrico sería nula.
El Informe contempla la puesta en marcha de mecanismos de capacidad destinados a garantizar a las centrales eléctricas la recuperación de sus costes fijos y la posibilidad de hibernar centrales de generación “que, pudiendo ser hoy redundantes, podrían ser necesarias en pocos años, cuando se recupere la demanda de electricidad”. “Mantener hibernadas estas centrales -explica el presidente de la Comisión- puede ser una opción menos costosa para el consumidor que construir centrales nuevas dentro de unos años”.
También se propone el desarrollo de una regulación específica para impulsar la generación distribuida y para hacer posible la agregación de los recursos distribuidos (gestión de la demanda, generación y almacenamiento).
Revisión de los peajes de acceso e ineficiencia del autoconsumo
La Comisión apunta también a una revisión de los peajes de acceso “para evitar que la electricidad siga siendo artificialmente cara respecto de otros vectores energéticos alternativos (gas natural y derivados del petróleo) y sea posible avanzar hacia la electrificación de la economía y con ella, hacia una mayor penetración de las energías renovables más eficientes”, detalla Sanz.
Según su análisis, el actual diseño de peajes incentiva ineficientemente el autoconsumo eléctrico. Ello se debe a que una parte importante de los costes fijos del sistema eléctrico se recuperan a través del peaje variable de la electricidad. En consecuencia, los autoconsumidores dejan de contribuir a la financiación de dichos costes fijos, que habrán de ser soportados por los consumidores que no pueden instalar paneles en sus tejados. “Ello supone una subvención implícita al autoconsumo que puede dar lugar a transferencias de renta regresivas, debido a la diferente capacidad adquisitiva entre los consumidores que pueden instalar paneles en sus tejados y los que no pueden, y a inversiones ineficientes, ya que la generación solar fotovoltaica es más eficiente hoy que la distribuida, gracias a las economías de escala”, apunta Sanz.
La Comisión propone que se revisen los actuales peajes de acceso (fuente de la distorsión) y, al mismo tiempo, se suprima el actual peaje de respaldo.
Cumplimiento de objetivo de renovables, solo si se sigue electrificando el consumo
Con respecto a las emisiones, los expertos destacan el alto grado de cumplimiento de los límites de emisiones referenciados a 2005. También el elevado grado de cumplimiento del objetivo de eficiencia energética en todos los escenarios. Sin embargo, respecto al objetivo de renovables, su cumplimiento dependerá del grado de electrificación de la economía que se alcance. “Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía”, explica Sanz.
De no alcanzarse el suficiente grado de electrificación, será preciso impulsar medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras que las renovables eléctricas.
Otras medidas: movilidad, eficiencia energética y protección consumidores vulnerables
La Comisión realiza reflexiones y sugerencias en otros ámbitos de actuación como por ejemplo la movilidad y apunta a cómo la política regulatoria debe orientarse a facilitar una transición eficiente hacia los vehículos con energías alternativas, sin precipitarse en medidas de gasto público que puedan generar costes no recuperables y prestando especial atención al cambio en la fiscalidad, como instrumento imprescindible para facilitar la transición hacia la movilidad sostenible.
Asimismo, para alcanzar en 2050 un alto nivel de descarbonización será necesaria la reconversión energética del parque de edificios existente, así como políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras, el marco logístico y el refuerzo de la cadena de innovación nacional.
El Informe recomienda igualmente considerar la extensión de la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un Bono Social Energético, pero financiado desde los PPGGE. También ve conveniente garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas, con la colaboración de todas las Administraciones Públicas competentes.
Finalmente, la Comisión propone contar con un Consejo para la Transición Energética y el Cambio Climático, encargado de hacer una evaluación rigurosa, independiente y continuada de la transición en España.
El Ministerio reforzó la importancia de crear el Fondo BNDS de Minerales Críticos, que pretende recaudar hasta mil millones de reales para financiar la investigación y extracción de litio, cobalto, níquel y otros minerales estratégicos.
Dentro de los cambios realizados se hace referencia a la flexibilización de los criterios de habilitación técnica y financiera para el permiso de ocupación temporal y los que se deberán cumplir para la concesión marítima.
