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Por una Energía Pública.

2-11-10
Antonio Morales Méndez
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Por una Energía Pública.
El déficit tarifario, no es más que un déficit regulatorio creado artificialmente, que juega con una subasta en la que se calculan al antojo de las eléctricas los precios de la energía hidráulica y nuclear- ya amortizadas.

La energía es fundamental para el desarrollo de un país. Esta afirmación no es nueva ni descubre nada nuevo, pero desgraciadamente cada día se publican en torno a este tema importantes y trascendentes noticias –algunas nos ponen los pelos de punta- que pasan desapercibidas para la mayor parte de la ciudadanía.

Cuando en 1996 José María Aznar puso en venta todo el patrimonio eléctrico español, con la mayor privatización que se ha realizado hasta la fecha en Europa, hizo realidad el célebre dicho popular de “pan para hoy y hambre para mañana”. El Gran Neoliberal y Supremo Negacionista inició entonces una andadura con la que consiguió que un entramado de poder convertido en cártel o lobby con tintes mafiosos, haya  sometido al Estado a sus dictados subiendo los precios a su antojo, paralizando el gran avance español en renovables y forzando el uso de los combustibles fósiles, que es donde realmente se encuentra su nicho de negocio.

Más tarde, su preciado colaborador Rodrigo Rato se inventó un déficit tarifario, que no es más que un déficit regulatorio creado artificialmente, que juega con una subasta en la que se calculan al antojo de las eléctricas los precios de la energía hidráulica y nuclear- ya amortizadas-; con un transporte y distribución que también les pertenece y sólo controlan ellas y con unas primas a las renovables a las que solamente se les carga los costes pero no los beneficios de todo tipo que generan. Con esto se fijan unos precios que producen a su vez unos sobreprecios irreales –no se parecen en nada a los costes de producción- pero que se van sumando, con el erario público asumiendo intereses de demora, para finalmente hacerlos recaer –en una estafa pura y dura avalada por el Estado- sobre todos los consumidores, que han visto aumentar su recibo eléctrico en los últimos meses en un 31%. Pero como este aumento es mucho y ya hay alguna gente protestando y como la “policía neoliberal” no es boba, además de las trampas que hacen una y otra vez para engañarnos fraudulentamente en los recibos, falseando las tarifas o poniéndose de acuerdo para obviar la libre competencia, han amagado además con realizar la primera subasta del déficit eléctrico desde el Fondo de Amortización de la Deuda Eléctrica elaborado  por la Comisión Nacional del Mercado de Valores que colocará la deuda en grandes bancos y fondos de inversiones que irán cobrando, poquito a poco, del bolsillo de todos los consumidores.

Y al tiempo que todo esto sucede, los dos grandes partidos del espectro político español escenifican ante nosotros unos desacuerdos de cara a la galería, sin ningún tipo de afección sobre la realidad, que no son sino la confirmación de que los dos, porque el PSOE ha claudicado, defienden lo mismo y a los mismos sin ningún pudor.

Resulta en todo esto especialmente triste el papel del partido socialista que, de defender una política energética alternativa basada en las renovables, ha reculado una y otra vez –al igual que con la reforma laboral o el ministerio de Igualdad, por ejemplo- para volver a hacer de los fósiles y especialmente del gas el principal recurso energético de este país, para servir a los intereses de los grandes oligopolios eléctricos que iniciaron una batalla campal en el primer semestre de este año hasta  poner de rodilla al Gobierno. Miren si no parte del texto  propuesto por el PSOE para la firma del pacto eléctrico con el PP, elaborado por el ministerio de Industria: “En un mercado crecientemente liberalizado como el sector energético español, corresponde a los operadores privados el papel protagonista de la definición y ejecución de los vectores de crecimiento. (…) En los sectores energéticos conviven actividades reguladas  y no reguladas. Durante los últimos años, el gobierno ha liberalizado los sectores de gas y electricidad. Es necesario seguir avanzando en esta dirección hasta completar la liberalización de las actividades no reguladas, bajo la convicción de que la transparencia en los mercados y la competencia entre los agentes, conducen a las eficiencias en las asignaciones y al máximo bienestar para los consumidores”. ¡Toma ya!

A pesar de que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del mismo ministerio dice expresamente que “las actividades económicas que impulsen la eficiencia energética y las energías renovables, contribuirán a un nuevo modelo productivo y constituirán un motor de generación de empleos y de mejora de la competitividad y de éxito para las empresas españolas”, el giro del Gobierno ha sido copernicano y se ha entregado con pasión a las petroleras y las gasistas aún a costa  de las terribles consecuencias para este país, sus ciudadanos y su futuro. Observen para que vean y valoren lo que ha sucedido con el gas en las últimas semanas: mientras se prevé incrementar en España su consumo hasta en un 50%, la argelina Sonatrach, que en 2007 impuso una subida del gas de un 20%, decide hacerlo ahora en un 30% más. En principio Sebastián, intermediario de las gasistas, declara el 12 de octubre de 2010 que prepara un  pulso con Argelia por los precios del gas. El día 18 dicen los periódicos que el ministro rechaza en Argel la subida del 30% del gas y, por último, unos días después la noticia es que España aceptará gas argelino más caro pero sujeto al mercado, es decir acepta la subida de un 30% que pagaremos todos. Por estas mismas fechas Andrius Kubilius, primer ministro lituano, clamaba en Madrid porque Europa se independice del gas ruso, el otro gran mercado sátrapa de donde se nutre España. Entretanto la Comisión Nacional de la Competencia ha incoado un nuevo expediente a la patronal del gas (Sedigas) por conducta anticompetitiva.

Resulta curioso que personalidades autorizadas  como J.M Kindelán, Carlos Solchaga, Feliciano Fuster, ex presidente de Endesa, José Luis Díaz, ex director general de Repsol Petróleo y trece más, publicaran un texto el pasado mes de octubre en El País de los Negocios, donde, entre otras cosas, pedían cambiar el modelo de desarrollo del sistema eléctrico y fomentar un parque con suficiente potencia firme para evitar la dependencia  del gas, que se prevé del 53%, y para disminuir las emisiones de CO2, y el liderazgo del ministerio de industria para definir la política energética. Léanlo, no tiene desperdicio.

Tony Judt, en su último libro (Algo va mal) habla de las privatizaciones -“entregar la propiedad a los empresarios permite al Estado desentenderse de sus obligaciones morales”- y las ausencias de riesgo para el capital privado: “la única razón para que los inversores estén dispuestos a adquirir bienes públicos que en apariencia son ineficientes es que el Estado elimina o reduce su exposición al riesgo (…) se embolsa los beneficios y deja que el Estado cargue con las pérdidas(…) No se puede dejar que las compañías eléctricas o de gas privatizadas(…) acaben paralizándose por la mala gestión o por incompetencia financiera. Y claro está, sus nuevos propietarios y gestores lo saben (…) como nunca podría permitirse que esos servicios nacionales vitales quebraran, los nuevos dueños podrían correr riesgos, malgastar o hacer un uso indebido de los fondos, sabedores de que el gobierno acudiría al rescate”. Y no es ni más ni menos lo que está sucediendo con el sector eléctrico español. Como tuvo la precaución de hacer Francia, Alemania o Italia, quizás un gobierno socialdemócrata debería  en estos momentos plantearse la “obligación moral” de recuperar estos servicios estratégicos y volverlos a poner en manos de los poderes públicos para frenar la especulación y los desmanes a mansalva. Y la ciudadanía exigirlo.
                                                                                         Antonio Morales Méndez
                                                                                              Alcalde de Agüimes

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