El MIA considera que los propietarios de la Central no tienen fiabilidad suficiente para continuar explotando esta infraestructura nuclear y exige que el Gobierno español no autorice la extensión de su licencia de operación, que expira el 10-6-2020
El tenso proceso de negociación entre los propietarios de la central nuclear de Almaraz muestra un debate viciado y basado exclusivamente en los beneficios de la extensión de su funcionamiento. El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) considera que la extensión de las autorizaciones de operación implicará verificaciones de seguridad costosas y complejas, que obligarán a las empresas de electricidad a invertir miles de millones de euros, lo que sin duda afectará al precio de la electricidad.
Por otro lado, el conflicto de tensión muestra claramente que la incapacidad de acuerdo entre los propietarios supone un riesgo adicional al propio envejecimiento de la Central.
El acuerdo de renovación de la central nuclear de Almaraz, acordado tras meses de tensas negociaciones entre Iberdrola, Naturgy y Endesa, deja claro que la única razón para su existencia es la obtención de un beneficio económico adicional. Además, este tenso conflicto muestra claramente que, como sucedió en Garoña, el principal peligro de la Central es la actitud de sus propietarios, que sólo parecen considerar el beneficio económico.
El MIA exige que el Gobierno español no autorice la extensión de la licencia de operación a la Central Nuclear de Almaraz, que expira el 10 de junio de 2020. Las dos unidades de la Central alcanzan 40 años de operación en 2021 y 2023, respectivamente. Las organizaciones del MIA consideran que no tiene sentido someter a los dos reactores a inspecciones profundas y costosas, en términos económicos y de dosis radioactivas recibidas por los trabajadores en la infraestructura. El Centro pone en peligro no sólo el territorio español, sino también el portugués, a través de la posible propagación de la radiactividad en la atmósfera y el río Tajo, en un accidente con fuga radiactiva.
Para el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), las empresas poseedoras de Central no cumplen los requisitos mínimos de fiabilidad para continuar operando una energía tan peligrosa como la nuclear. Por consiguiente, el MIA exige la no renovación de la licencia de funcionamiento de la central nuclear de Almaraz, su desmantelamiento y el establecimiento de un impuesto sobre la propiedad y que garantice financieramente la insuficiencia de fondos previstos para la gestión de los residuos nucleares de los que los propietarios de Central son responsables.
Como ya ha señalado esta organización, la posibilidad de extender el calendario de cierre de las centrales nucleares españolas hasta el período entre 2025 y 2035, significaría que todos los reactores pasarían los 40 años de funcionamiento y, en algunos casos, hasta los 50. Para el Movimiento Ibérico Antinuclear esta propuesta es inadmisible.
Entre las razones señaladas, vale la pena destacar los problemas de seguridad que se hacen más agudos a medida que los sistemas de las Centrales envejecen. Así, la extensión de las autorizaciones de operación implicaría verificaciones de seguridad costosas y complejas que obligaría a las empresas eléctricas a invertir miles de millones de euros que, sin duda, afectarían en el futuro al precio de la electricidad.
Por otra parte, esta prolongación aumentaría el volumen de residuos nucleares de alta actividad en unas 175 toneladas al año, sin que existía un método aceptable para su gestión y destino final. Lo mismo ocurría con la producción de residuos nucleares de media y baja actividad que no cabría en el cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba).
En este sentido, el movimiento antinuclear Ibérica, que incluye cerca de 50 organizaciones ambientales y cívicas de España y Portugal, señala que la sexta parte del programa de gestión de residuos radiactivos es una promesa vacía y afirma que la licencia de operación de centrales nucleares de Almaraz ( Cáceres), que expira el 8 de junio de 2020, no debe ser renovada, a pesar de la autorización de la construcción del Almacén Temporal individualizado (ATI) y de la decisión tomada ahora por las empresas que la explotan.
Lisboa, 22 de Marzo, 2019
El Comité de Coordinación del MIA en Portugal
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