Las smart cities persiguen mejorar la calidad de vida en las ciudades mediante la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de gestión en diversas áreas desde las infraestructuras, medio ambiente, energía, etc.
La RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, define a las ciudades inteligentes, como aquellas que disponen de un sistema de innovación y de trabajo en la red para dotarse de un modelo de mejora de la eficiencia económica, política, permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano y medioambiental.
Esta asociación de entidades municipales tiene por objeto intercambiar las experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos.
Esta es una oportunidad para la previsión de un negocio de más de 300 000 millones de euros para 2020, pero siempre desde la triple T, de la que nos hablaba un experto estadounidense, Richard Florida. Este autor nos indicaba que tecnología, talento y tolerancia deben ser valores que deben estar unidos. El propio secretario de Estado de Agenda Digital, así como el coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes lo dejaron claro en el III Congreso de Ciudades Inteligentes que se celebró los pasados días 26 y 27 de abril. Hace falta coordinación y aprovechar las sinergias, la estandarización de la normativa, así como ayudas a los municipios para que estos las sigan.
Hemos de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras, de los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora en la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generar progreso. Las convocatorias de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que fueron publicadas recientemente el pasado día 21 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, son programas cofinanciados con fondos Feder.
Por ello, la importancia de reforzar la aplicación de estas nuevas tecnologías en la gestión local debe permitir a la ciudadanía beneficiarse de esa mayor rapidez y transparencia en todos sus trámites diarios -notificar a la Administración cualquier eventualidad, desperfectos en la calzada, deficiencias en la gestión de residuos, ahorro energético, sostenibilidad medioambiental, etcétera- o incluso resolver cuestiones relacionadas con sus obligaciones tributarias y sanciones.
El mayor atractivo del concepto de smart cities quizás sea su multidimensionalidad, ya que persigue mejorar la calidad de vida en las ciudades mediante la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de gestión en diversas áreas desde las infraestructuras, medio ambiente, energía, movilidad hasta la facilitación de la actividad económica.
Esta pluralidad de áreas de actuación aumenta la complejidad de los proyectos, suponiendo un reto de coordinación entre administraciones. A pesar de las evidentes ventajas, y aunque se llegase a constituir la mencionada Red de Ciudades Inteligentes, las iniciativas desarrolladas en los últimos años han carecido de una cierta coordinación interadministrativa e incluso se ha venido denotando una cierta ralentización en los procesos de las mismas sin fijación de estándares y, sobre todo, sin coordinación en la ciberseguridad.
España debería definir esa metodología y ese procedimiento de elaboración de la referida agenda digital, crear ese grupo de trabajo interministerial que coordine los esfuerzos, promover la internacionalización de nuestras empresas españolas que desarrollan proyectos de smart cities, potenciar la imagen de España, atraer capital y potenciar y posibilitar el efecto arrastre de nuestras las pequeñas y medianas empresas proveedoras españolas en proyectos adjudicados a esa gran empresa española que es ICEX Integra.
Son objeto de ayuda los proyectos asociados al ecodiseño, la reutilización y segunda vida, y el reciclaje de paneles fotovoltaicos, baterías y aerogeneradores, entre otros.
ANPIER solicita a Sara Aagesen como nueva Ministra de Transición Ecológica que aborde con urgencia las asignaturas pendientes.
