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Instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente.

1-1-70. Carlos Mateu
jueves, 1 enero 1970.
Carlos Mateu
Instalaciones destinadas a la protección del medio ambiente.
Dada la preocupación actual por el medio ambiente, los poderes públicos han de concienciar a los empresarios y profesionales a efectuar este tipo de inversiones respetando el principio de la seguridad jurídica, y no cómo hasta ahora.

Aun cuando muchas de las deducciones se encuentran derogadas para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011, se mantiene el estudio de las mismas por cuanto son períodos que todavía pueden ser objeto de un procedimiento de comprobación e inspección tributaria y, además, pueden darse casos de empresas que aún tengan deducciones pendientes de aplicación, y que todavía puedan aplicárselas en el plazo y con los requisitos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010, tal y como se cita a continuación.

Esta es la única deducción por inversiones medioambientales recogida en el artículo 39 del Real Decreto 4/2004 que permanece actualmente en vigor en virtud de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.

Las inversiones con derecho a deducción serán aquéllas destinadas a instalaciones o bienes del activo material destinados a la protección del medio ambiente consistentes en instalaciones que eviten la contaminación atmosférica o acústica procedente de instalaciones industriales y la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y marinas, o para la reducción, recuperación o tratamiento de residuos industriales propios.

La base de la deducción es el precio de adquisición o coste de producción, minorada, en su caso, en la cuantía de la inversión financiada con subvenciones. Para los elementos adquiridos en arrendamiento financiero, la base es el importe correspondiente al valor de contado del elemento.

La deducción será, para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2011, el resultado de aplicar el 8% de las inversiones que estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la Administración competente en materia medioambiental, quien deberá expedir la certificación de la convalidación de la inversión.

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