El acuerdo incluye un anexo con las nuevas asignaciones de las 32 instalaciones que realizan actividades que desde el 1 de enero de 2015 pasan a estar consideradas en riesgo de fuga de carbono o dejan de estarlo.
La asignación gratuita de derechos en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (Directiva 2003/87/CE) está sujeta a reglas comunes en todos los Estados miembros.
El Consejo de Ministros ha acordado hoy la modificación de las asignaciones de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2015-2020 a las instalaciones afectadas por la Decisión 2014/746/UE, de la Comisión, de 27 de octubre de 2014, en relación con los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.
En el periodo 2013-2020 la asignación gratuita de derechos en el sistema europeo de comercio de derechos de emisión (Directiva 2003/87/CE) viene regida por reglas comunes a todos los Estados miembros.
En estas reglas juega un papel fundamental el concepto de “fugas de carbonoâ€. Se entiende que una actividad tiene un riesgo significativo de fuga de carbono cuando los costes que afectan a esa actividad por su inclusión en el régimen europeo de comercio de derechos de emisión pueden provocar la deslocalización a países terceros donde la emisión por unidad de producto puede ser mayor.
Para evitar las fugas de carbono, la normativa establece que las instalaciones que realicen actividades en riesgo tendrán un nivel de asignación gratuita mayor. Los sectores que se consideran expuestos a riesgo de fuga de carbono son determinados por la Comisión Europea, utilizando criterios que están en la Directiva.
Se establece así una lista de sectores en riesgo que debe renovarse cada cinco años. La primera estuvo en vigor en 2013-2014. La segunda, adoptada a finales de 2014, será válida en 2015-2019.
El acuerdo incluye un anexo con las nuevas asignaciones de las 32 instalaciones afectadas por cambios en la nueva lista de fugas de carbono.
El cálculo de dichas asignaciones se ha realizado aplicando la metodología de asignación establecida en la Decisión 2011/278/UE, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros.
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