La Comisión Europea ha decidido imponer derechos antidumping provisionales a las importaciones chinas de paneles solares.
La Comisión Europea ha decido hoy imponer derechos antidumping provisionales sobre las importaciones en la UE a los paneles solares, obleas y células originarias de la República Popular de China.
Un derecho antidumping provisional del 11,8% se impondrá el próximo día 6 de junio de 2013 y será aplicable hasta el 6 de agosto de 2013, momento en el que este derecho aumentará al 47,6%.
Em diciembre de 2013 será cuando finalmente se tome una decisión final con respecto a esta investigación antidumping. En esa fecha los 27 Estados miembros de la UE decidirán que porcentaje definitivo imponer a las imporaciones chinas de paneles solares.
Esta decisión de imponer derechos antidumping provisionales surge en un contexto de cambio de la dinámica del mercado y de exceso de capacidad de producción, lo que ha ocasionado una intensa competencia global.
La vertiginosa disminución de los precios observados en China en estos dos dos últimos años ha dado lugar a márgenes negativos sobre casi toda la cadena de valor de la industria de la energía solar fotovoltaica y a poner muchos de sus intervinientes en graves dificultades financieras.
La Industria fotovoltaica de hoy está en camino de convertirse en un sector industrial autónomo y global, cada vez menos dependiente de las subvenciones. Al mismo tiempo, es un sector considerado por varios países como una iniciativa de desarrollo estratégico.
EPIA anima a todos los Gobiernos a que garanticen en la UE una competencia justa respetando normas de la OMC evitando conflictos comerciales como el ocurrido en China.
EPIA ha manifestado publicamente su interés en colaborar y trabajar con todos los responsables políticos a fin de garantizar una sólida base industrial en Europa. Para ello será necesaria una estrategia global basada, entre otras cosas, en:
- un esfuerzo continuado en I + D,
- un marco regulatorio estable, (no como el del nefasto caso español).
- facilidades de financiación tanto para los proyectos, como para la industria fotovoltaica, y
- una seguridad jurídica de la inversión para los inversores sobre la base de objetivos vinculantes para las energías renovables en Europa para el año 2030.
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