Los Fondos internacionales no perdonan al Gobierno Español, el cambio de reglas de juego a mitad de la partida. En base a esta desconfianza compartida, la prima de riesgo española sigue en sus máximos históricos por la sinvergonzonería del Gobierno.
Mientras los productores fotovoltaicos españoles intentan lograr el máximo ahorro a la hora de contratar los servicios profesionales de abogados, procuradores e informes periciales, el Ministerio de Industria, bajo el pretexto de un injustificado déficit de tarifa, se va a gastar en vulverar la seguridad jurídica, y la confianza de los inversores extranjeros un presupuesto de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL EUROS.
Según información del Perfil contratante del MITyC:
Según ha informado la Revista Photon, el Ministerio de Industria ha contratado al bufete Hebert Smith para ayudar a su defensa en el arbitraje internacional, para que colabore con los abogados del estado en el caso del arbitraje internacional iniciado por inversores a causa de la bajada retroactiva de las tarifas fotovoltaicas en España. Los inversores esperan obtener varios cientos de millones de euros en compensaciones por los daños producidos por la retroactividad del RDL 14/2010 en España. Hebert Smith recibirá 354 euros la hora (con IVA) por sus servicios en este caso. El contrato tiene una duración de cuatro años.
Como ya noticiamos en su día catorce fondos de inversión institucionales y compañías energéticas presentaron el pasado día 17 de noviembre una demanda para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado Español.
La demanda presentada se sustenta en el Tratado sobre la Carta de la Energía, un tratado internacional multilateral de inversión diseñado para proteger las inversiones energéticas a largo plazo. Es la segunda vez en la historia que el Tratado sobre la Carta de la Energía se invoca contra un país de Europa occidental, ya que, hasta ahora, la mayoría de las reclamaciones se habían dirigido contra los países que formaban el antiguo bloque comunista.
La mayoría de los catorce demandantes son inversores institucionales y compañías energéticas comprometidos con las energías renovables y cuyo capital procede de fondos de pensiones y de ahorradores particulares de todo el mundo. Estos fondos de pensiones garantizan la jubilación de millones de trabajadores en Europa y en el resto del mundo.
Los fondos y compañías demandantes invirtieron en España confiando en el mantenimiento de unos ingresos estables a lo largo del tiempo, algo a lo que se comprometió el Gobierno Español al establecer una retribución regulada para las energías renovables.
Los inversores son titulares de plantas solares fotovoltaicas que en su conjunto suman un total de 270 Megavatios de capacidad instalada.
Según Stephen Jagusch, socio director de Allen & Overy LLP, que representa a los Fondos de Inversión internacionales: “A medida que los países buscan depender más de las energías renovables, es fundamental que los estados aseguren la certidumbre y la estabilidad a largo plazo de sus sistemas de incentivos a la inversión. Sin dicha estabilidad, los estados no serían capaces de atraer los cientos de miles de millones de euros necesarios de inversión.
El tratado sobre la Carta de la Energía se aprobó para proteger a los inversores de cambios ilegales de los marcos jurídicos aplicables a las inversiones. La decisión de España de cambiar de forma injusta el marco jurídico aplicable a las instalaciones solares fotovoltaicas constituye una violación del Tratado sobre la Carta de la Energía que da derecho a nuestros clientes a ser restituidos o indemnizados”.
Costo-Beneficio de Estrategias de Flexibilidad para vehículos eléctricos en el marco del Proyecto GEF7 Electromovilidad
El Ministerio de Energía y Minas, a través de sus Empresas Eléctricas de Distribución, han registrado más de 1.290 sistemas de generación para autoabastecimiento cuya fuente principal de electricidad es la fotovoltaica (luz solar).
