ANPIER exige a los más de 3oo ayuntamientos con fotovoltaica instalada con dinero público que defiendan sus derechos.

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de energía fotovoltaica, como asociación mayoritaria del sector de la producción fotovoltaica en nuestro país, se ha dirigido a más 300 alcaldes de toda la España, para exigirles que, en cumplimiento del Reglamento de Bienes de la Entidades Locales, reclamen los derechos remunerativos que les corresponden a sus instalaciones fotovoltaicas y que revierten en beneficio de las arcas de cada municipio.

El pasado día 12 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, por el cual, se modifica de forma claramente retroactiva el régimen tarifario de las instalaciones fotovoltaicas, la seguridad jurídica y los legítimos derechos de estos municipios.

Anpier insta a los alcaldes y concejales de estos municipios afectados a que reclamen de forma inmediata y fehaciente al Gobierno de España la desaparición de las normas retroactivas que atentan contra los intereses de su municipio por el cauce legal pertinente, puesto que el cambio normativo producido perjudica gravemente los intereses de sus conciudadanos, toda vez que la confianza legítima que en su día otorgaba el Estado, ha sido truncada de forma abusiva e inesperada.

Anpier recuerda que el RD 1372/1986, por el que se aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales, establece taxativamente que: “Las Entidades Locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos” y que el artículo 68 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, establece de manera idéntica esta obligatoriedad.
Anpier se ha dirigido en los mismos términos  a los grupos de oposición de estos Ayuntamiento, al objeto de que intercedan igualmente en la defensa de los derechos de los ciudadanos de su localidad.

“Les insto a que hagan las gestiones necesarias para que se restituya la situación jurídica que le llevó a su entidad a acometer la inversión de una instalación fotovoltaica, o bien a solicitar al Gobierno de España que le restituya inmediatamente los daños patrimoniales que el retroactivo cambio normativo le ha de suponer a las arcas públicas que Usted representa” reclama el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca en sus cartas de a los alcaldes y grupos de oposición de las localidades afectadas.

Anpier se ofrece a asesorar y colaborar en la defensa jurídica de estos ayuntamientos, puesto que la mayor parte de los más de 4.500 socios de esta asociación han iniciado una batalla jurídica que sólo cesaran cuando se les restituya sus legítimos derechos.